Luz verde a la lógica energética

Cualquier debate sobre energía nuclear suele estar obscurecido por la pasión de unas posiciones previas de difícil conciliación. En este sentido, el caso de la central de Santa María de Garoña (Burgos) es paradigmático hasta el punto de que llega a provocar insólitos procesos de pérdida de memoria. Nos referimos, por supuesto, a la airada reacción de algunos portavoces del PSOE, que han vertido expresiones como «infamia» para definir la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha autorizado la reapertura condicionada de la instalación. Sin duda olvidan que fue el último Gobierno socialista el que, con la adopción de una enmienda de la desaparecida CiU, modificó la regulación de las centrales nucleares, eliminando los límites temporales de funcionamiento. En efecto, el artículo 79 de la Ley de Economía Sostenible, de marzo de 2011, prolongaba la vida útil de las centrales siempre que los operadores solicitaran las prórrogas y el Consejo de Seguridad Nuclear las avalara. Por supuesto, la nueva legislación no venía dada por la situación particular de la central de Garoña, sino que estaba dirigida a todo el parque nuclear español, muchas de cuyas instalaciones iban a cumplir su período legal de funcionamiento –40 años– a lo largo de la próxima década. Ayer, el CSN aprobó la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, tal y como había solicitado la empresa propietaria Nuclenor, que está conformada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa. Ese plazo era el que había establecido, en principio, Nuclenor para que resultara económicamente rentable volver a conectar Garoña a la red eléctrica. Pero la decisión del CSN por sí sola no conlleva que la central en cuestión vaya a reanudar sus operaciones. En primer lugar, Nuclenor tendrá que implementar las medidas de seguridad adicionales que ha establecido el Consejo, cuyo coste puede superar los 150 millones de euros; en segundo lugar, la autorización final es competencia del Gobierno y, en tercer lugar, la empresa puede decidir que no le resulta rentable y declinar la oferta. En cualquier caso, el regreso a la red de Garoña se haría con las mayores garantías de seguridad posibles y bajo el régimen de inspecciones establecido por el CSN. De hecho, si la central ha recibido esta autorización condicionada es porque la vasija del reactor y sus componentes internos han superado las pruebas de resistencia a las que han sido sometidos en los dos últimos años. Se trata de una revisión excepcional, aconsejada por el gravísimo accidente de la planta nuclear de Fukushima, que compartía con Garoña el mismo tipo de reactor de agua en ebullición (BWR) y combustible de uranio enriquecido. Aunque era dudoso que se pudieran reproducir en Santa María de Garoña las mismas condiciones adversas del suceso de Fukushima, con un terremoto seguido de un tsunami, sí era aplicable la experiencia sobre la resistencia general de la vasija y de otras elementos auxiliares. Naturalmente, aunque las condiciones técnicas y económicas sean determinantes, son factores que no suelen operar en el imaginario colectivo de quienes se oponen por principios o por simples razones de oportunidad política a la energía de generación nuclear. Es, pues, inútil argumentar en una polémica que, como señalábamos al principio, está desdibujada por la pasión ideológica. Pero, sin embargo, sí cabe hacer una reflexión sobre aquellas posiciones políticas que, por un lado, critican al Gobierno y le responsabilizan por la subida de la factura de la luz y, por otro, rechazan frontalmente cualquier medida de incremento de la generación de energía eléctrica que no pase por el imposible económico y técnico, al menos hoy por hoy, de las energías verdes.