Maduro no puede ganar el pulso a la oposición democrática

Pese a que el pueblo de Venezuela se ha expresado con rotundidad contra el modelo chavista de gobierno, sería ingenuo pensar que el presidente del país, Nicolás Maduro, y la élite que detenta el poder político y, sobre todo, económico, estén dispuestos a admitir sin resistencia el desmantelamiento del sistema socialista que implantó hace doce años el fallecido Hugo Chávez con la directa complicidad del castrismo y el apoyo técnico de los ideólogos del neomarxismo europeo, como los que hoy militan en Podemos. Las primeras medidas anunciadas por Maduro y por el hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello –que pretenden blindar para el chavismo el Poder Judicial, con el nombramiento de 12 magistrados afines en el Tribunal Supremo, o la aprobación del presupuesto de la Cámara para 2016, que aseguraría los puestos de trabajo de 6.000 chavistas contratados como asesores de los diputados en los últimos años–, dan perfecta cuenta de la voluntad del régimen de perpetuarse, incluso, contra la voluntad de las urnas. El riesgo no puede ser desdeñado por cuanto la urdimbre legal llevada a cabo por el chavismo otorga enormes poderes al Gobierno, hasta el punto de que Nicolás Maduro, mediante una de sus leyes habilitantes, podría gobernar el resto de su mandato mediante decretos presidenciales que no necesitarían la aprobación parlamentaria. Pero en favor de la oposición obran tres bazas: la mayoría cualificada obtenida en la Asamblea, que permite abordar cambios constitucionales que neutralicen el exceso de poder ejecutivo; el cambio de tendencia política que está experimentando la región y que debilita al hasta ahora hegemónico «socialismo del siglo XXI», y, lo que puede ser determinante, la sintonía de la mayoría del estamento militar venezolano con la coalición opositora, como demuestra el hecho de que en las mesas electorales reservadas a los miembros del Ejército y a sus familiares directos los resultados del escrutinio arrojaron el mismo porcentaje de voto que en el conjunto de la población. Sin duda, la primera prueba de fuerza entre el chavismo y la oposición será la aprobación de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional, que debe poner en libertad a los 90 presos políticos y suspender los procesamientos de un millar de estudiantes, sometidos a medidas cautelares. Nicolás Maduro y el ala dura del chavismo han advertido de que se opondrán con todas sus fuerzas a la ley de amnistía, aunque es motivo de controversia legal si el presidente de la República tiene facultad de veto en este asunto. La segunda prueba de fuerza está en el campo de la gestión económica del país, que necesita medidas liberalizadoras del mercado, racionalización en el cambio de divisas y seguridad jurídica para las inversiones de todo tipo y que, por supuesto, pasa por el control de la empresa nacional petrolera y por la revisión de los acuerdos de Estado por los que Venezuela regala prácticamente el crudo a los países del Caribe. Pero si las bazas de la oposición son de peso, también presenta una debilidad de fondo que puede dar al traste con la esperanza de que el país vuelva a la normalidad democrática y a la senda del progreso: las enormes diferencias internas, no sólo ideológicas, sino tambien personales, de una coalición nacida con el solo, y loable, objetivo de derrotar al socialismo. De su capacidad para el acuerdo va a depender casi todo.