Maniobra torticera de Puigdemont

Dado que la actual legislación electoral no deja resquicio alguno a que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la justicia, pueda conseguir el acta de eurodiputado sin regresar a España, donde sería inmediatamente detenido, cabe preguntarse qué busca en realidad cuando afirma que pretende encabezar la candidatura del PDeCat en las elecciones del 21 de mayo para el Parlamento Europeo. Como decimos, para que el político fugado cumpliera su propósito necesitaría cumplir los requisitos que establece el artículo 224 de la LOREG y que condicionan la recogida del acta a que jure o prometa acatar la Constitución ante los representantes de la junta Electoral Central (JEC), reunidos en el Congreso de los Diputados, en Madrid. El acto no puede llevarse a cabo por persona interpuesta y si transcurridos cinco días no se hubiera cumplido el trámite, la JEC declararía vacante el escaño correspondiente, suspendiendo todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo electo. Es decir, Puigdemont, que no ha perdido su derecho al sufragio pasivo, puede integrarse en la lista electoral, como ya hizo en las últimas elecciones autonómicas catalanas, aunque sin derecho a ejercer el voto, pero no adquiriría la buscada inmunidad de la que gozan los europarlamentarios. Todo lo más, podría apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aprovechando la falta de previsiones legales del Tratado de la UE, laguna jurídica que se explica por la improbabilidad de que el legislador pudiera haber siquiera imaginado un caso de deslealtad y desafío a las normas democrática como el que representa un individuo como el expresidente de la Generalitat. Por lo tanto, hay que buscar otras razones, además de la más evidente de la búsqueda de la internacionalización del proceso separatista, que cada vez encuentra menos eco en el extranjero, para esta maniobra torticera de Puigdemont, basada, como otras, en la pura manipulación de la realidad, como si el voluntarismo pudiera imponerse a las leyes. Sin duda, el efecto más inmediato hay que buscarlo en el seno del nacionalismo catalán, cada vez más fragmentado internamente, y en la necesidad que tienen los antiguos convergentes de mantener el pulso electoral con ERC, dado el panorama penoso que dibujan todas las encuestas. Que la mejor opción para que el centroderecha catalanista vuelva a recuperar su posición de fuerza entre los electores sea la figura del ex presidente fugado es más que dudoso, pero, a falta de una reflexión profunda y una rectificación por parte de los dirigentes del partido, cada vez más alejados de su base social, Puigdemont se mantiene como el mascarón de proa de la fantasía independentista. De hecho, es a partir de este próximo ciclo electoral, que comienza el 28 de abril, cuando el ex presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, van a competir en listas diferentes. Una primera conclusión nos remite a la melancolía de todo este esperpento que deja a los catalanes, desde hace ya demasiado tiempo, sin una gestión pública digna de ese nombre. Cataluña, y el resto de España, necesitan el retorno a la estabilidad política para poder afrontar con garantías los graves desafíos a los que se enfrenta. También, hay que insistir en la necesidad de que nuestras instituciones, especialmente el Gobierno de la nación, trabajen para evitar que se imponga el relato secesionista sobre la realidad de la sociedad española, que ha sabido darse una de las democracias más avanzadas del mundo. Puigdemont va a seguir con su estrategia de deslegitimación de nuestro sistema constitucional, que pinta a una España anclada en el obscurantismo. No es verdad y hay que proclamarlo allí donde los separatistas echen su basura.