Mas debe cumplir la Ley

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno contra la consulta soberanista en Cataluña, aunque planteada ahora como «proceso participativo», sondeo o macroencuesta. Esta decisión supone la suspensión de esta convocatoria en virtud de la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución («el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas») y el cese de todas las actividades por parte del Gobierno de la Generalitat para poner en marcha y celebrar dicha consulta. Artur Mas sabía que el TC iba a tramitar el recurso, pues sólo era un sucedáneo presentado como alternativa a la consulta oficial que fue paralizada por el mismo tribunal el 29 de septiembre, pero a pesar de ello ha seguido en su propósito de mantener un referéndum para decidir la separación de Cataluña del resto de España, algo que no le compete, como es lógico. Su intención no era otra que la de mantener vivo un «conflicto» que le permita llegar a unas elecciones anticipadas y evitar, dentro de lo posible, la debacle de CiU. El TC no ha necesitado que la convocatoria del 9-N se hiciese a través de un decreto, como ocurrió en la suspensión anterior, una argucia legal para evitar la responsabilidad directa de Mas, dado que las pruebas eran evidentes y, sobre todo, quedó expresada en la página web de la Generalitat. A pesar de la providencia de admisión del TC, lo que supone la paralización inmediata –y cautelar durante cinco meses–, la Generalitat ha anunciado «mantener el proceso participativo», tal y como su portavoz expresó con irresponsable provocación: «Lo hacemos con todas las consecuencias». La única salida para mantener el 9-N con el formato que sea es derivar la organización a las asociaciones para evitar la participación de la Administración catalana. Siempre se ha hablado de «desafío soberanista», pero ahora se demuestra de nuevo la voluntad de retar al Estado de Derecho, de forzar hasta el límite a las instituciones democráticas e incumplir una norma básica, que de llegar a concretarse supondría situar al presidente de la Generalitat fuera de la legalidad. Ayer, mantenía abierta la web informativa para participar el 9-N. Muy probablemente, Mas quiere escenificar esa situación (el delito de desobediencia es una tentación cuando su carrera política está tocando a su fin y la inhabilitación sólo sería una condecoración) estrictamente con meras intenciones electorales, para demostrar ante sus socios de ERC –a un paso de arrebatarle la presidencia– sus convicciones independentistas. Entrar en los subterfugios legales y en el doble lenguaje utilizado por los nacionalistas supone enredarse en una estrategia victimista sobradamente conocida en la que es difícil que se imponga la racionalidad política. Mas está obligado a acatar la Ley.