Menos grasa, más músculo

El problema de la Administración Pública española no era, ciertamente, tanto su tamaño como su disfuncionalidad. Por lo menos, hasta el año 2007. En esa fecha, el gasto público suponía el 39,5% del PIB, uno de los más contenidos de la Eurozona, pero en los cuatro años siguientes se disparó hasta el 45,2% del PIB, con 280.000 empleados más, y todo ello en un momento de crisis económica y destrucción del mercado laboral que no sólo reducía la recaudación fiscal sino que, además, obligaba a afrontar un fuerte incremento en los gastos sociales. Si le añadimos el alto endeudamiento, tanto de las administraciones como de las familias y las empresas, y el desplome del crédito en los mercados internacionales, tenemos perfectamente descrito el panorama de un país que parecía abocado al rescate. Hay que tener en cuenta esta situación de partida para poder valorar en toda su extensión los datos que hizo públicos ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la clausura de las jornadas europeas sobre reformas administrativas, que ha reunido en La Moncloa a los ministros del ramo de Gran Bretaña, Francia, Portugal, Polonia y España. Como explicó Mariano Rajoy, el problema no era tanto el tamaño de nuestra Administración Pública, para lo que hubiera sido suficiente con ajustarla a los ratios de 2007, como abordar de una vez por todas las deficiencias de un sistema que, en su proceso de descentralización, acumuló duplicidades, solapamientos, lagunas competenciales y un «marasmo normativo», en gráfica expresión del presidente del Gobierno, haciéndolo notablemente ineficaz y gravoso para el ciudadano pero, al mismo tiempo, convirtiéndolo en un freno para el desarrollo económico. De ahí que el proceso de reformas haya incidido en los dos aspectos: la racionalización del gasto administrativo –con un ahorro previsto de casi 29.000 millones de euros hasta 2015, lo que supone una reducción importante del déficit fiscal–, y la simplificación al máximo de las normas burocráticas, auténticas «aduanas internas» alzadas por los distintos gobiernos autonómicos en los últimos treinta años. En este sentido, es preciso destacar de entre las doscientas medidas reformadoras puestas en marcha por el actual Ejecutivo la llamada «Ley de Unidad de Mercado» que permite operar con una sola licencia administrativa en todo el territorio español, y la nueva normativa que obliga a todas las administraciones a saldar las deudas con sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, con el correspondiente ahorro en sobrecostes. En definitiva, se busca una Administración más ágil y eficaz que, como dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, convierta al sector público en uno de los motores del crecimiento económico de España. En suma, sobra grasa y falta músculo.