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Mentiras separatistas al funcionario catalán

La Razón
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Unas de las piezas clave del desafío separatista catalán, pero también uno de sus mayores quebraderos de cabeza, es la respuesta del personal de la Administración cuando se le reclame la colaboración en actuaciones ilegales. En líneas generales, la desobediencia se ha limitado a la órbita política, y los gobernantes separatistas se han cuidado de que los funcionarios se quedaran al margen. En este punto, los sindicatos mayoritarios han avisado de que la propia condición del empleado público implica el respeto y la defensa de la legalidad. Los independentistas, sin embargo, están dispuestos a doblegar la voluntad mayoritaria de los funcionarios, sin que la verdad, o un mínimo de decencia intelectual y moral, se lo impida. Y así, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana ha elaborado un informe dirigido a los empleados de la Administración que concluye, según sus expertos, que no podrán ser acusados de rebelión o sedición porque actuarán «de acuerdo con las órdenes de sus mandos y del Gobierno y del Parlamento catalán». La obediencia debida ni es constitucional ni democrática. Los funcionarios saben que la responsablidad de sus actos se dirime conforme a la Ley, como también lo conoce la ANC y la Generalitat, lo que demuestra el nulo respeto y consideración por un colectivo esencial.