Moción de censura con trampa

En nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura contra el presidente del Gobierno tiene un sentido constructivo. Es decir, exige la presentación de un programa de Gobierno y un candidato alternativo. Es evidente que ninguna de estas circunstancias concurren en la moción que ayer anunció el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por un lado, la opción electoral del PSOE fue desestimada por los votantes en las últimas elecciones generales, hace menos de dos años, y, por otro, su candidato a la presidencia en aquel momento, el propio Rubalcaba, ni siquiera tiene asegurado que repetirá como tal cuando se celebren las primarias de su partido. Podemos colegir, por lo tanto, que la intención expresada por el jefe de la oposición parlamentaria responde a la llana intención de desgastar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque sea al precio de ligar su futuro político, ya de por sí bastante incierto, al de un presunto delincuente, en prisión preventiva, cuyas afirmaciones se cuentan por mentiras. Sin entrar en la falta de pudor y de memoria que supone el rasgarse las vestiduras de un partido como el socialista, implicado ahora mismo en el mayor escándalo de corrupción con dinero del paro, como es el de los ERE de Andalucía, no deja de producir rechazo el descarado oportunismo político con el que se ha conducido Rubalcaba en todo este asunto. Comenzando por la hipócrita demanda de unas explicaciones al presidente del Gobierno que no tiene la más mínima intención de atender, puesto que su objetivo es otro. De hecho, y una mínima lealtad a la verdad exige reconocerlo, Mariano Rajoy ya ha dado las explicaciones que se le demandan, tanto en sede parlamentaria –durante el Debate del Estado de la Nación–, como ante el Pleno del Partido Popular. También ante la opinión pública, tras la rueda de prensa que siguió al encuentro con el jefe del Gobierno de Polonia. Es evidente, pues, que lo que menos le interesa a Rubalcaba son las explicaciones. Pero si el líder socialista calcula que va a obtener cualquier ventaja política en todo este asunto, corre el riesgo de equivocarse gravemente. El caso del ex tesorero se encuentra en el ámbito judicial, que es donde debe estar, y la más mínima prudencia aconseja no desnaturalizar las instituciones. Si la oposición se acaba ejerciendo a través de los tribunales, judicializando la vida pública española, luego no cabe protestar por la supuesta pérdida de la función del Parlamento. Es duro enfrentarse a una mayoría absoluta, pero es de rigor democrático no buscar por vías dudosas lo que no concedieron las urnas. Pero es que, además, es muy peligroso adherirse a los expertos en la calumnia y en las acusaciones sin pruebas. No sólo acaban por arrastrarte a la indignidad política, sino a hacer el ridículo.