No hay mayoría para la independencia

Una de las grandes falacias construidas a lo largo del «proceso» es la de que la mayoría de los catalanes quiere votar en una consulta, aunque sea «no». Sin embargo, los promotores todavía no han explicado –en verdad, no pueden hacerlo sin desmontar todo el edificio de la secesión– que no existe el derecho de autodeterminación en ninguna democracia avanzada y que Cataluña no cumple los requisitos básicos: no es una colonia oprimida, ni se infringen los derechos humanos. El Tribunal Constitucional alemán negó a Baviera la celebración de un referéndum independentista y el de Italia decidió en idéntico sentido sobre las pretensiones del Veneto y, sin embargo, nadie puso en duda su legitimidad democrática. Simplemente, acataron la sentencia. Es fácilmente comprensible que si los únicos convocantes de un referéndum que preguntará sobre si Cataluña quiere separarse de España sean los partidarios de la independencia estemos hablando de un fraude democrático en toda regla. ¿El resto de los ciudadanos catalanes no cuentan? Si, además, existe un plan trazado a través de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica en la que se contempla declarar la independencia unilateralmente si no hay referéndum, podemos decir que estamos ante un verdadero golpe contra la legalidad. Una prueba más de que la consulta prevista para el 1 de octubre sólo es un paso más –el más importante si se quiere– en la hoja de ruta de los secesionistas, como puede comprobarse a partir del resultado del 9-N: la cifra de participación entonces coincide con el total de votos sumados por las tres fuerzas que apoyaron el referéndum, Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot (el partido de Ada Colau). Los 2.334.121 que votaron en el 9-N es casi el mismo número de sufragios obtenidos por estos tres partidos en las autonómicas del 27-S (2.323.842). El total de ciudadanos con derecho a voto que no acudieron a las urnas el 9-N fue de 3.170.000 de un censo de 5,5 millones de electores. A favor de la independencia votaron 1,8 millones. Es decir, un 32,7%. Es evidente que con ese porcentaje del total del censo no se puede declarar independencia alguna. Parece que sus apoyos no han crecido. En una encuesta de NC Report que publicamos hoy se transluce que la sociedad catalana sigue apoyando una salida pactada y que el referéndum sea acordado con el Estado. Esta última opción es apoyada por un 46%, frente a un 41,5% que seguiría la vía unilateral, una cifra nada desdeñable, lo que nos indica una radicalización del electorado, que queda patente ante la pregunta de si mantendría el voto afirmativo a la independencia si ello supusiera la salida de Cataluña de la Unión Europea. Un 81,5% sería favorable a dejar la UE, aun siendo un verdadero desastre. Hablamos de 1,8 millones de votantes dispuestos a abandonar el proyecto común europeo, cifra que se acercaría a los votos obtenidos por Junts pel Sí (coalición donde ERC tiene cada vez más peso frente a los viejos moderados de CiU, si es que queda alguno) y los antisistema de la CUP. Por contra, una mayoría (el 54,%) considera que el referéndum no se va a llevar a cabo, frente a un 37% que cree que sí se realizará, a pesar de ser ilegal y de estar prohibido por el TC, aunque todavía no está recurrido. Esta posibilidad obligaría, según los encuestados, a adelantar las elecciones al Parlament, por tercera vez consecutiva, lo que nos indica la inestabilidad política que se vive en Cataluña, y a que Carles Puigdemont dimita. Existe una apreciación generalizada de que la Generalitat ha descuidado sus obligaciones de gobierno para centrarse exclusivamente en el «proceso», según lo ve la mayoría (el 58%). El referéndum de nuevo será un ejercicio baldío de propaganda.