No más autogobierno, sino gobierno

Es cierto que Cataluña necesita un «nuevo impulso del autogobierno», pero no en el sentido que propone el PSOE en su programa electoral hecho público ayer. Cataluña necesita, en primer lugar, un gobierno, que sus representantes públicos trabajen para el conjunto de los ciudadanos y no para sus sueños identitarios y que la Generalitat recupere su carácter de administración pública de gestión y no un aparato político al servicio del secesionismo. Efectivamente, Cataluña demanda un impulso en sus instituciones de autogobierno, ahora desprestigiadas por unos líderes sectarios que antepusieron sus intereses políticos –cuando no personales, de partido, incluso de sus tramas de corrupción– a los del conjunto de los catalanes. Ese impulso debe servir para corregir todo el mal causado por el «proceso», que ha devaluado la Generalitat hasta ser una maquinaria paralizada, sin más proyecto que desgajarse del conjunto de España y provocando la división de la sociedad en dos partes. Pero Pedro Sánchez se refiere a transferir más competencias a Cataluña. Esta inconcreción es lógica, porque no hay ámbito político, económico, social o cultural que no esté bajo la administración de la Generalitat. Habla este programa con mucha ambigüedad de «reformas necesarias», sin especificar la del Estatuto. En 2017, el PSOE propuso recuperar el Estatuto de 2006, integro, antes de que el Tribunal Constitucional declarase nulo 14 artículos, referentes a la administración de Justicia, la gestión tributaria y la lengua (situaba el catalán como idioma «preferente» en la administración). De restaurarse, sólo cabría la reforma de la Constitución en unos aspectos que no serían fáciles, ni aunque fuese a través de reformas legislativas que no altere la sentencia del TC, tal y como propusieron los socialistas. Se equivoca el PSOE si cree que el desafío independentista fue producto de la sentencia del Alto Tribunal, porque de ese análisis erróneo se derivan graves consecuencias. Creer, como dice en este programa, que de haberse aplicado su Declaración de Granada de 2013 –más autogobierno y reconocimiento de la España «plurinacional»– «no nos encontraríamos en la situación actual» es de un cinismo («desvergüenza en el mentir», según el Diccionario de la RAE) inadmisible, ya que la elaboración del nuevo Estatuto fue una propuesta del socialista Maragall –que ni siquiera llevaba en el programa–, apoyada por el socialista Zapatero, que se desentendió de los límites del nuevo marco estatutario. Respecto a una reforma constitucional para encajar el «impulso del autogobierno» para «avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional» es una entelequia identitaria –o lo que algunos críticos ya han llamado «federar España a Cataluña»–, nada se detalla. Se habla de incluir en la Constitución las «decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras». En este ámbito, la Generalitat exige negociar un cupo similar al vasco, con lo que el desequilibrio territorial sería absoluto, ya que reduciría un 12% la financiación del resto de autonomías. Sánchez comete el error de plantear reformas de tanta importancia sin contar con el resto de fuerzas parlamentarias. Entretenerse en el programa hablando del «reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios», de buscar una «definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales...» es persistir en lo peor que ha introducido el nacionalismo en la política española, que es lo que ha dañado la arquitectura constitucional de nuestro estado de derecho.