No puede haber dos varas de medir para luchar contra la corrupción

Ya lo advirtió Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía que encabeza la trama de los ERE: el caso de los cursos de formación es todavía mayor. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que ambos asuntos estaban conectados, por lo menos en la medida en que los mismos intermediarios recaudaban fondos. Fue a partir de esta constatación que la UCO puso en marcha la «Operación Cirene» bajo la sospecha de que los falsos cursos de formación generaban un fraude superior incluso al de los ERE. Hay testimonios, correos electrónicos y documentación suficiente para sospechar que se ha cometido un delito de falsedad y contra la Administración pública. La Guardia Civil calcula que el fraude podría alcanzar 1.298 millones de euros que la Junta de Andalucía habría destinado a falsos cursos de formación entre 2002 y 2014. En total, hay abiertas instrucciones en 18 juzgados, aunque la mayoría de ellas, en los que se implica al Gobierno autonómico, ha recaído en la jueza María Nuñez Bolaños, plaza que ocupaba anteriormente Mercedes Alaya. Esta magistrada fue apartada del caso de los ERE y de los cursos de formación, decisión que respaldó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una vez constatado el enfrentamiento entre las dos instructoras. Desde este momento, el asunto se ha dejado notoriamente de investigar, está prácticamente paralizado e incluso todo indica que no hay voluntad para seguir, teniendo en cuenta que, además, es un caso especialmente complejo, dado que el dinero para los supuestos cursos procedía de diferentes administraciones: Europa, el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Por otra parte, la documentación está desperdigada entre más de 1.700 entidades (sindicatos, fundaciones, asociaciones, ayuntamientos y empresas) que no presentaron facturas, algo que el Gobierno autónomo decidió por su cuenta, incumpliendo la normativa europea. ¿A qué espera la jueza María Núñez para retomar el caso? Los agentes de la UCO se han encontrado con el silencio de la magistrada ante peticiones para seguir la investigación, al punto de que se han enviado a la Fiscalía Anticorrupción para que tenga constancia de las pesquisas. La clave de estas indagaciones está en saber el destino del dinero de las facturas falsas de UGT. La línea de investigación que mantenía Alaya, basada en la unidad de instrucción, se ha roto: en diciembre, Núñez troceó la causa en nueve partes. Si la investigación no avanza, estaremos ante una situación anormal que en nada favorecerá a la independencia de la Justicia a la hora de abordar los casos de corrupción. Es decir, la celeridad en la investigación y en la resolución es necesaria porque se está dejando la posibilidad de que se destruyan pruebas o que se pierda el rastro del dinero. El PP está colaborando en los casos que le afectan, está dispuesto a limpiar el partido y a emprender una verdadera política de regeneración. Sin embargo, la izquierda y, de manera especial el PSOE –por ser la formación más salpicada por su actividad turbia en las administraciones donde gobierna–, se limita a culpabilizar al adversario. Para luchar en profundidad contra la corrupción es necesario que no se apliquen diferentes varas de medir en función de quien cometa la infracción. Si partimos de que hay que construir una moralidad pública que no permita el delito, el pedigrí ideológico no puede salvar a nadie.