Nueva etapa para Cataluña

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado muestras fehacientes de apoyo a la economía de Cataluña y de que, por encima de las discrepancias con la política de Artur Mas, está firmemente decidido a impulsar cuantas iniciativas contribuyan a regenerar el tejido empresarial catalán. En este contexto se inscribe el acto que tendrá lugar a mediados de mayo con motivo del Salón Internacional del Automóvil, una ocasión propicia para exhibir ante los mercados internacionales las capacidades de recuperación y de crecimiento de España. La Generalitat parece haber entrado en una nueva fase marcada por el pragmatismo y conviene a todos consensuar los medios para salir cuanto antes de la crisis. Una vez desinflado el «soufflé» soberanista que Mas cocinó con la entusiástica colaboración de ERC, lo que procede en la reanudación del curso político es abordar con realismo los principales capítulos de la gestión económica, a saber: el cumplimiento del déficit y la reforma del sistema de financiación. La reunión secreta celebrada días atrás entre Rajoy y Mas en La Moncloa ha servido precisamente para retomar una relación que las entelequias soberanistas del segundo habían hecho descarrilar estrepitosamente. Ahora le toca al presidente catalán descender a la letra pequeña, marcar distancias con su socio independentista, que le está vampirizando su electorado natural, y abrirse a nuevas geometrías parlamentarias, entre las que no hay por qué descartar la aproximación de los socialistas de Pere Navarro. En todo caso, y a la vista de la esterilidad de los primeros cien días de gobierno, a Artur Mas no le queda otra opción que descender a la cruda realidad y negociar con el Gobierno de la nación las cuentas de este ejercicio. El objetivo de déficit del 0,7% del PIB, que supondría un recorte de 4.400 millones de euros, colocaría a la Generalitat en una situación insostenible. Lo razonable es que el Ministerio de Hacienda lo revise en consonancia con el margen de maniobra que Bruselas conceda a España, de modo que si la relajación fiscal fuera de un punto, se traslade a las comunidades autónomas. En este punto, convendría abordar con sumo cuidado la hipótesis de que cada autonomía dispusiera de un déficit distinto, pues puede causar agravios comparativos. A más largo plazo, Gobierno y Generalitat deben sentarse a negociar con lealtad, realismo y altura de miras un nuevo sistema de financiación que satisfaga a ambas partes y respete el principio constitucional de solidaridad. Éstas son las bases sobre las que deben girar las relaciones entre Madrid y Cataluña en los próximos meses, alejadas ya de los desvaríos separatistas. Otra cosa es si Artur Mas tiene autoridad moral para ser el interlocutor adecuado o si debería ser sustituido por alguien con un currículum más presentable.