Paso en falso en Cataluña

Ni siquiera la puerilidad de intentar buscarse una salida en falso, con la tramposa opción federalista que subyace en el enunciado de la doble pregunta, rebaja ni un ápice el grave desafío al Estado planteado ayer por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. El paso dado por las fuerzas nacionalistas, con la inexplicable connivencia de los comunistas de IC, escudados en la muleta del «derecho a decidir», no lleva a otro camino que el que se topa con el imperio de la Ley, con las consecuencias legales, y aun penales, previstas. Un error político que tendrá sus principales damnificados entre los propios ciudadanos catalanes, abocados a un largo año de presiones desde el poder, que no harán más que aumentar la fractura social pero, también, entre el resto de los españoles, afectados en sus sentimientos de unidad con los catalanes en mucha mayor medida de lo que quieren admitir los separatistas, y en unos meses decisivos para abordar el tramo final de la crisis económica y poner al país en la senda de la franca recuperación. No conviene, sin embargo, caer en el juego de despropósitos que pretende Artur Mas, puesto que las responsabilidades del Gobierno de la Nación están perfectamente determinadas y no existe la más remota posibilidad de que se produzca la ruptura del orden constitucional. Así se han expresado, con clarificadora contundencia, tanto desde el Ejecutivo como desde el principal partido de la oposición que, recordémoslo, representan en su conjunto a la inmensa mayoría de los españoles. La unidad de acción del PP y del PSOE debería ser argumento suficiente para que la Generalitat comprendiera lo absurdo de su posición –ese «callejón sin salida» al que se ha referido el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba– por más que el anuncio de la consulta sirva utilitariamente al Gobierno catalán para sacar unos Presupuestos Generales condicionados al apoyo de ERC, cálculo político que no se puede descartar tratándose de Artur Mas. Pero en cualquier caso, y sin desdeñar en absoluto la habilidad de los separatistas catalanes para el enredo y la confusión, de la que ya hemos tenido suficientes muestras, es conveniente no perder de vista que la simple convocatoria de la consulta entra de lleno en el plano de la ilegalidad y que será con la Ley, y sólo con la Ley, como se restablecerá el orden jurídico. España es una democracia sólida que dispone de los suficientes instrumentos políticos y legales para enfrentarse con éxito a cualquier ataque a los principios constitucionales que la informan. Por ello, sin negar la gravedad del paso dado por la Generalitat, el Gobierno debe mantener la misma actitud que ha seguido hasta ahora. Sin reacciones extemporáneas, que a nada conducen, pero con la firmeza de quien se sabe respaldado por la Ley y la razón.