Pedro Sánchez no debe prometer lo que no está en su mano

Crece el temor instalado entre amplios sectores del PSOE de que la resuelta voluntad de su secretario general, Pedro Sánchez, de llegar a La Moncloa, aunque sea con el apoyo de las formaciones independentistas, acabe por acelerar la decadencia del que fuera el partido referente de la izquierda española. El propio Sánchez, toda hay que decirlo, contribuye muy poco a restaurar la tranquilidad y la confianza de sus compañeros a tenor, por ejemplo, de declaraciones como las efectuadas ayer en Santander, en las que se advierte una preocupante fuga de la realidad por parte de quien pretende gobernar a los españoles la próxima legislatura. Más allá de las manidas «boutades» contra el actual presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, y de su habitual estrategia de responsabilizarle del proceso de sedición catalana –como si la equidistancia ante el separatismo fuera una opción posible para un jefe de un gobierno democrático de España–, lo que preocupa es su insistencia en prometer una futura reforma constitucional en clave federalista para la que no sólo carece del apoyo electoral suficiente y ni siquiera viene respaldada por un proyecto jurídico o un simple diseño teórico sino que, además, no encuentra el menor eco positivo entre sus principales destinatarios, más afanados en procurar la ruptura territorial del Estado. En este sentido, parece imposible que el secretario general del PSOE desconozca cuáles son los procedimientos tasados en nuestra Carta Magna para una reforma como la que él propone, que afecta a los fundamentos de la propia Constitución y que, en consecuencia, requiere unos requisitos de consenso y acuerdo popular que están muy lejos de darse en el actual momento político de España, fundamentalmente, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes socialistas, no lo ven necesario. Por regla general, para aprobar una reforma constitucional se necesita contar con los votos afirmativos de los tres quintos de cada una de las dos cámaras, Congreso y Senado, que integran el sistema parlamentario. Así mismo, podría hacerse contando con la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso; y bastaría con que una décima parte de los senadores y de los diputados lo solicitaran para que tuviera que convalidarse en referéndum. Pero si la propuesta de reforma afecta, entre otros, al Título Preliminar –que en su artículo segundo establece la indisoluble unidad de la nación española–, cuya pertinencia podría ser invocada, se procederá a su aprobación por dos tercios de cada Cámara, se disolverán a continuación las Cortes y, tras nuevas elecciones, el Parlamento resultante deberá convalidar la nueva norma, también por mayoría de dos tercios, y, por último, someterlo todo a referéndum popular. Estas son las condiciones necesarias para llevar a cabo la propuesta federal de Pedro Sánchez y, como cualquiera puede comprender, están muy lejos de darse. La cuestión es si Pedro Sánchez cree realmente en la mera posibilidad de que su planteamiento salga adelante o si, por el contrario, se trata de una táctica, a modo de cortina de humo, para poder negociar con los separatistas. Desde luego, estos sí conocen los límites constitucionales y no parece que den mucho crédito a las promesas del candidato socialista.