Pensar en todos los catalanes

Una vez que, inexorablemente, se han cumplido las previsiones legales con respecto al intento secesionista impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien ha hecho oídos sordos a las advertencias leales de quienes solo buscaban la manera de volver al diálogo constructivo y al acuerdo dentro del marco constitucional, la situación política y social de Cataluña corre el riesgo de entrar en un periodo de mayor inestabilidad que en nada ayuda a superar la difícil situación económica por la que, al igual que otras regiones de España, atraviesa el Principado. Es evidente que la salida en falso propuesta por Mas –con un sucedáneo de consulta que, al margen de su hipotética suspensión judicial por tratarse de un fraude de ley, carece de la menor credibilidad en su articulación y resultados– no sólo ha llevado a la ruptura del frente separatista, sino que coloca al Ejecutivo catalán en una posición de franca debilidad frente a ERC, su actual socio parlamentario, de quien depende en gran medida la aprobación de los presupuestos autonómicos y, en definitiva, la gobernabilidad de la comunidad. A medida que se haga patente la falta de virtualidad de la pseudoconsulta del 9-N, es de esperar que los republicanos maniobren para conseguir un adelanto electoral que, por las trazas, podría suponer un fuerte retroceso de CiU, que se vería superada electoralmente por las huestes de Oriol Junqueras, con las consecuencias que pueden temerse para la recuperación económica y la salida de la actual crisis. No es, precisamente, ERC un partido dispuesto a abordar el imprescindible ajuste fiscal y la reforma administrativa que precisa Cataluña, cuyo crédito internacional y capacidad de endeudamiento han llegado al límite. No es momento, por lo tanto, de arriesgar un adelanto de las elecciones autonómicas, de provocar un tsunami político, sino de agotar la legislatura con sosiego. Cuenta para ello Artur Mas con una oferta de colaboración por parte de los socialistas catalanes, que estarían dispuestos a respaldarle parlamentariamente, y cuya gestión lleva a cabo desde hace varios meses el portavoz parlamentario de CiU, Duran Lleida. Es una vía que merece ser explorada por cuanto devolvería la tranquilidad y la centralidad a la política catalana, aliviando la presión sobre la Generalitat de las formaciones extremistas de izquierda. Sería, asimismo, un paso conveniente para retomar el diálogo con el Gobierno de Rajoy, que ayer volvió a reiterar su disposición abierta a negociar todos aquellos asuntos que, dentro de la Ley y la Constitución, interesan a los catalanes. Los dos grandes partidos políticos españoles, en definitiva, tienden la mano a Artur Mas, pensando, sobre todo, en el futuro de Cataluña. Sería un grave error que respondiera desde el desdén.