Provocación de Gibraltar

Las relaciones de España con el Reino Unido a raíz de Gibraltar han pasado por diferentes momentos de tensión, siempre con la perspectiva de devolver la soberanía del Peñón, litigio que actualmente resulta anacrónico cuando ambos países comparten las mismas estructuras de defensa y otras alianzas políticas. De ahí que las medidas tomadas por Gibraltar supongan una injustificada provocación. El último capítulo añade una tensión suplementaria, y es que ha buscado perjudicar de manera directa a la flota de pesca española y el futuro económico de miles de familias. El tema es especialmente doloroso porque mientras el Gobierno de Gibraltar ordenaba lanzar al mar 70 bloques de hormigón armado para impedir la pesca, España estaba en duelo por el accidente ferroviario que acabó con la vida de 79 personas. Un feo detalle que no debería haber pasado por alto el ministro principal, Fabián Picardo, dado que hay muchos lazos personales que unen a los ciudadanos de ambos lados de la verja. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha anunciado que no va a permitir la política de hechos consumados de Gibraltar y que, si persiste su actitud hostil y beligerante, se replantearía la posibilidad de que buques de la Armada patrullen en las inmediaciones del Peñón como gesto inequívoco de que España no va a aceptar que se dañen sus intereses. El ministro principal se lamenta ahora de manera irresponsable de que se intensifiquen los controles en el paso fronterizo. España no tiene más remedio que considerar a Gibraltar como un territorio que no pertenece al espacio Schengen, por lo tanto, debe aplicar una legislación aduanera como correspondería a un país que no pertenece a la UE. Decir provocativamente, como ha hecho Picardo, que las aguas donde faenan los pescadores de La Línea o de Algeciras –y donde tan ominosamente ha lanzado los cubos de hormigón– son «tan de Gibraltar como Main Street» es saltarse la legislación y hasta el muy vetusto Tratado de Utrecht, al que ellos recurren, y es que las aguas situadas al este de la bahía de Algeciras hasta la verja son españolas.

En estas circunstancias, el ministro José Manuel García-Margallo ha anunciado un paquete de medidas que reconduzcan la situación, como un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón pero su residencia real en España o restringir los vuelos no civiles en la zona de Algeciras. El titular de Exteriores quiere también revisar la «Declaración de Córdoba», firmada en 2006 en el Foro Tripartito y que impulsó Miguel Ángel Moratinos, que concedía a Gibraltar un estatuto de país soberano equiparable a España y el Reino Unido. El Gobierno ha actuado con decisión y firmeza.