El desafío independentista

Puigdemont empuja a elecciones

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El desparpajo con el que Carles Puigdemont, el principal responsable del fracasado golpe anticonstitucional en Cataluña, ha retratado la situación de debilidad parlamentaria del actual Gobierno socialista aconsejaría a su presidente, Pedro Sánchez, la preparación en el menor tiempo posible de una convocatoria electoral adelantada, a menos que pretenda mantenerse en La Moncloa con el recurso problemático a los decretos-ley, actitud de elusión parlamentaria que denota voluntarismo y que, a la larga, siempre tropieza en la piedra de los Presupuestos Generales del Estado. Si alguien pensaba que el separatismo catalán iba a moderar su posición, la defenestración de Marta Pascal, ex secretaria general del PDeCAT, y las maniobras del ex presidente fugado de la Generalitat para hacerse con el control de todo el movimiento soberanista, incluido ERC, le habrán devuelto a la realidad. Es más, el tono sobrado con el que el actual presidente del Gobierno autónomo catalán, Joaquim Torra, y el propio Puigdemont se han dirigido a Pedro Sánchez para ponerle los «deberes» para septiembre, augura un nuevo período de confrontación de los nacionalistas con las instituciones del Estado, que tendrá su punto álgido, precisamente, en otoño. Torra fue, además, muy específico con respecto a lo que esperan del diálogo abierto con el nuevo Gobierno socialista, al señalar que esta legislatura «va de derecho a la autodeterminación, de presos políticos y exiliados», exactamente las tres condiciones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni puede conceder ni, con toda seguridad, está dispuesto a transigir. Pero un problema añadido es que acabe de calar en la opinión pública, y en ello están trabajando los nacionalistas, la idea de que Sánchez pueda darles contrapartidas a cambio de su apoyo parlamentario, decisivo con sus 16 escaños, lo que perjudicaría la propia posición electoral del PSOE. De hecho, en la encuesta de «NC Report», que hoy publica LA RAZÓN, ya se detecta esa tendencia, donde un 52,2 por ciento de los ciudadanos consultados cree que Sánchez ha dado contrapartidas a los independentistas por su apoyo en la moción de censura que le aupó a La Moncloa. Por otra parte, la debilidad de un Ejecutivo apenas sostenido por sus 84 escaños, más los 5 del PNV, que el viernes quedó patente en la votación en el Congreso que rechazó la propuesta gubernamental del techo de gasto, no sólo redunda en la inestabilidad política de la Nación, sino que propicia el desgaste de quien, sometido a exigencias imposibles, acaba por no contentar a nadie. A menos que se produzca, lo que no es descartable a tenor de lo visto en Andalucía, la implosión de Podemos, no parecer que la extrema izquierda, como los nacionalistas, vayan a facilitar a Pedro Sánchez un éxito de gestión para que lo explote en las próximas elecciones generales. No sabemos, aunque podamos intuirlas, las razones que llevaron al presidente a renunciar a su primera intención declarada de convocar a las urnas en el menor tiempo posible, pero el «efecto del Gobierno bonito», reflejado casi de inmediato en las encuestas, se está diluyendo a medida que la realidad de su gestión se impone. Desde el espectáculo de la renovación del Consejo RTVE, mal rematada con el nombramiento de un administrador único provisional, al fracaso de la aprobación de la senda de gasto, pasando por la crisis de la avalancha migratoria en las costas de España, el Ejecutivo sólo parece tener un argumento, el de echarle las culpas de todo a un Partido Popular, que, si estaba ausente, ahora ha vuelto con fuerza tras la elección de Pablo Casado como presidente y que no piensa dar tregua desde la oposición. Ya hay una mayoría de españoles, el 39,7 por ciento, que opina que debe haber adelanto electoral. Seguirá subiendo.