Puigdemont se aplica el 155

La negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a presentar sus alegaciones en el marco de la legalidad constitucional española y ante la representación más adecuada de la soberanía nacional como es el Senado, la Cámara territorial por excelencia, no sólo significa la pérdida de una excelente oportunidad de rectificación, tal vez la última, sino que aboca a un escenario de consecuencias graves para el propio Puigdemont y, por supuesto, para el resto de los miembros de su Ejecutiva autonómica. Hay que presumir, porque de lo contrario estaríamos hablando de comportamientos más próximos al campo de la psicología que de la política, que los partidos separatistas de Cataluña se proponen forzar el órdago hasta el final, incluso, con el propósito de alzar la calle contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que constituiría un acto de rebelión, que difícilmente podrían pasar por alto las autoridades judiciales, además de imponer una intolerable presión sobre los cuerpos de funcionarios de la Generalitat, comprometidos a cumplir con la legalidad, hasta tal punto que el propio acuerdo del Consejo de Ministros que debe aprobar el Senado ha considerado conveniente incluir una medida de protección extraordinaria para los funcionarios catalanes que se vean coaccionados a seguir las directrices ilegales de sus superiores. Precaución que, también, han creído necesaria adoptar las tres grandes centrales sindicales españolas, poniendo en alerta a sus servicios jurídicos. En cualquier caso, la responsabilidad única de todo este despropósito corresponde a quien, en lugar de aprovechar los múltiples plazos ofrecidos desde el Gobierno de la nación para volver a la legalidad y convocar unas elecciones autonómicas dentro de las previsiones de la Constitución y del Estatuto, ha decidido mantenerse en la irracionalidad de un golpe antidemocrático. Son, pues, Carles Puigdemont y sus consejeros quienes deberán responder ante la sociedad catalana, porque son ellos los responsables de la aplicación del artículo 155, que no sólo prevé la destitución de los golpistas, sino que debe preparar el camino para unas elecciones en igualdad de condiciones para todos, auténticamente limpias y en las que el Gobierno que las convoque no juegue, como hasta ahora, con el desparpajo de quien no ha tenido empacho en utilizar los instrumentos del poder en beneficio propio. Porque, como hemos señalado, la restauración del orden constitucional en Cataluña presenta tantos frentes institucionales como partes de la estrategia separatistas puesta en marcha por la Generalitat y sus aliados, cuya mayor expresión serían las llamadas «leyes de desconexión» y su articulación práctica, desde la organización de un servicio de propaganda exterior para desacreditar a la democracia española hasta la financiación de los parapartidos que actúan de punta de lanza en las calles. El retorno a la legalidad democrática y a la normal convivencia ciudadana obligará, sin duda, a tomar medidas firmes y a castigar, en su caso, las responsabilidades contraídas, pero es imprescindible que el Gobierno de la nación culmine la tarea, por más compleja que resulte. Incluso sin despreciar, vista la experiencia, la formidable máquina de propagación de mentiras que han montado con el dinero de todos los golpistas de la Generalitat, la realidad de los hechos acabará por abrirse paso en el conjunto de la ciudadanía, tal y como ha sucedido en el campo internacional, donde todos los gobierno democráticos han dado su respaldo inequívoco a la democracia española y a su Estado de Derecho.