Rajoy y Rubalcaba frente a Mas

Después de la rotunda sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la declaración soberanista del Parlament catalán por la que se atribuye al pueblo de Cataluña la cualidad de «soberano» –por encima del conjunto de los españoles– y, por lo tanto, la de poder romper unilateralmente con el resto de España, cualquier gobernante que considere que la única frontera que no se puede traspasar es la de la propia Ley aceptaría el mandato del Alto Tribunal. En una situación normal, retiraría el plan de secesión y, por lo menos, intentaría revalidar su cargo en las urnas. De no ser así, es que actúa en una dimensión política en la que es imposible, por naturaleza, llegar a acuerdos. Ayer, Artur Mas dijo que no tendrá en cuenta la sentencia del TC y que mantendrá el «proceso». Cataluña tiene un problema. La sentencia fue clara y deslegitima el proceso separatista liderado todavía por Mas. Éste ha sido un precedente capital, similar al que el Tribunal Supremo de Canadá dictó en agosto de 1998 e impidió que Quebec se separase del resto del país. La respuesta política tiene una primera fecha: el próximo 8 de abril, el Congreso debatirá la propuesta del traspaso de competencias (por el artículo 150.2 de la Constitución) para convocar un referéndum de independencia. Ante un reto de esta importancia sólo cabe una respuesta común de las dos grandes fuerzas nacionales que deje claro que la política es el único camino, que romper un Estado es un acto de irresponsabilidad histórica, que a esa situación no se va a llegar y que frente al nacionalismo más ofuscado está la España democrática. Tanto Mariano Rajoy como Pérez Rubalcaba, que han mantenido los puentes de comunicación con la Generalitat y que conocen bien el sentir y los problemas de la sociedad civil catalana, no deberían dejar pasar la oportunidad de explicar que ha pasado el momento de convocar un referéndum ilegal y de dividir a la sociedad catalana y que ha llegado la hora de trabajar por un proyecto común en el que Cataluña alcanzó sus mayores cotas de libertad y desarrollo. Artur Mas ha renunciado a defender en el Congreso el programa político al que ha estado dedicado monográficamente desde hace más de dos años. No es el gesto de un líder. Sólo cabe una explicación a esta deserción: no quiere asumir la responsabilidad política de haber conducido a Cataluña a un callejón sin salida. Por contra, el Parlament ha enviado a los portavoces de tres de los partidos que apoyan la declaración soberanista. Rebaja el debate y, en definitiva, evita llevar su propuesta al ámbito de la racionalidad política. Pero, sobre todo, renuncia a la puerta que el Congreso le abre, a través del PP y del PSOE, para desbloquear una situación sin salida. Todo hace pensar que Mas actúa en estos momentos bajo un cálculo electoral. Grave error.