Relaciones beneficiosas

Las relaciones de España con la Santa Sede son, además de fructíferas, las naturales de una nación cuyos ciudadanos se declaran mayoritariamente católicos y se rige por una Constitución que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad de culto. No es baladí, por tanto, que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, haya sido el primer mandatario europeo en ser recibido por el nuevo Pontífice. Revela la estrecha vinculación histórica y espiritual entre los españoles y el Vaticano, pero también la voluntad de proyectar hacia el futuro una colaboración que nos beneficia como país y nos enriquece como comunidad que comparte valores morales y principios éticos. De ahí que la audiencia especial del Papa Francisco a Rajoy trascienda el plano personal, aun siendo éste muy importante, y adquiera un elevado valor simbólico que bien merece el aplauso de los españoles. Así ha sido, en líneas generales, aunque desde el principal partido de la oposición se han alzado voces contra una supuesta presión vaticana para reformar la ley del aborto. No hay tal cosa. Un partido que ha gobernado España durante 22 de los últimos 35 años debería recordar algo tan elemental como que gobernar es cumplir las promesas electorales y velar por el interés general. El PP incluyó en su programa electoral la reforma de una ley del aborto que, a su juicio, iba contra la doctrina constitucional y que, lejos de atajar el problema que supone la práctica de más de cien mil abortos al año, la fomentaba, como demuestran las estadísticas. Peor aún, la ley del Gobierno socialista elevaba el abortismo a categoría de derecho de la mujer, aberración jurídica que ni siquiera admiten los países más permisivos. El PP acertó al incluir entre sus promesas electorales la reforma de la ley y eso es lo que precisamente se dispone a hacer, según ha informado el ministro Ruiz-Gallardón en la casa de LA RAZÓN. No cabe, por tanto, relacionar la iniciativa del Gobierno con la visita de Rajoy al Papa; más aún, está al margen de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre el Reino de España y la Santa Sede, reguladas con gran eficacia por unos Acuerdos firmados hace 33 años. Que los actuales dirigentes del PSOE quieran denunciarlos a cuenta de la reforma de la ley del aborto revela un deterioro de su calidad democrática, pues tanto derecho tienen ellos a promocionar el aborto libre como la Conferencia Episcopal a defender el derecho a la vida. Lo que compete al Gobierno de la nación es impulsar leyes que respondan a las necesidades y criterios de la mayoría, entre los cuales figura una legislación que proteja al «nasciturus» y un cuidado exquisito de las relaciones de cooperación con la Santa Sede que tiene siglos de historia y de tradición fecunda. Lo demás es demagogia para consumo interno del laicismo radical.