Resistir no es gobernar

Si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva». Esta afirmación tajante del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciada en 2015, que, realmente, ponía muy alto el listón ético, ha perdido vigencia a medida que los escándalos han ido minando la posición personal del jefe del Ejecutivo. Así, cayó inmediatamente el exministro de Cultura Màxim Huerta, al descubrirse que había sido sancionado por Hacienda a causa de una sociedad instrumental, y, luego, tuvo que presentar la dimisión la exministra de Sanidad Carmen Montón por la obtención irregular de un título académico. Sin embargo, no parece rezar la misma exigencia para la titular de Justicia, Dolores Delgado, atrapada en un pantano de medias verdades, mentiras, rectificaciones y parvas excusas, ni para el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, que creó con su esposa, embajadora de España, una sociedad instrumental para cubrir la adquisición de dos chalés unifamiliares, en Madrid y Jávea, respectivamente, algo insólito para la inmensa mayoría de los ciudadanos que compran una vivienda. Nunca, al menos en la historia reciente, la sociedad española había asistido a semejante espectáculo por parte de un Gobierno y, sobre todo, de un presidente que se había imbuido de una especie de autoridad moral, de un aura flamígera y justiciera, desvanecida en poco más de un trimestre. Porque ni siquiera se trata de aplicarse las mismas exigencias éticas que reclamaba airado para los demás, sólo es cuestión de actuar como lo haría cualquier presidente del Consejo de Ministros con cualquier miembro del Gabinete que desmerezca la dignidad del cargo. Es decir, no se pide un plus de probidad al actual gobierno socialista, sino un mínimo de sentido de la responsabilidad. Es, por ejemplo, absurdo alardear de que no se va a ceder a una extorsión, cuando es, precisamente, la permanencia en el cargo de la ministra malamente grabada, lo que mantiene vivo el supuesto chantaje. Pero la cruda realidad es que lo que cuenta por encima de cualquier consideración es la permanencia del presidente Sánchez en el poder. Su Gobierno está abrasado, hasta el punto de que sus ministros se tientan la ropa antes de aparecer en algún acto público en el que les puedan abordar los periodistas. La titular de Justicia, sin ir más lejos, ha tenido que suspender la agenda, y, no lo olvidemos, el propio Sánchez tiene abierto el flanco de su, cuando menos, cuestionada tesis doctoral. Todavía puede, es cierto, contar con el apoyo de sus aliados en la moción de censura, pero éstos, plenamente conscientes de su debilidad, van a intentar ganar posiciones de cara a la próxima contienda electoral. Cuantas más cesiones a la demagogia populista de Podemos, cuantos más guiños y concesiones a quienes desde el separatismo catalán quieren destruir la unidad de España, más debilitado llegará a las urnas el Ejecutivo y, por ende, el PSOE. El problema es que esa incapacidad, que pareciera congénita, para gestionar normalmente los asuntos de gobierno, ponen en riesgo el proceso de recuperación de nuestra economía, como vienen alertando los distintos actores sociales. Es preciso insistir en que la única salida válida que le queda a Pedro Sánchez es convocar elecciones cuanto antes y devolver la palabra a los españoles. No es posible seguir así a la espera del escándalo diario que convierte la vida pública en un dislate y agria la convivencia. Los problemas que acechan a España no son, precisamente, menores y no pueden enfrentarse desde la debilidad.