Rodillo de izquierdas y presos

El accidentado arranque de la Legislatura, bloqueada por el intento de los independentistas presos por el golpe de octubre de 2017 y la confusa actitud sobre la suspensión de éstos por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, está dejando un par de cuestiones claras. La primera es que el desafió independentista sigue, intentará marcar la agenda del Gobierno y aminorar en lo posible las consecuencias penales del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo. En segundo lugar, que quien tiene la mayoría en el Congreso es Pedro Sánchez con la ayuda de Pablo Iglesias, y aunque sea precaria, todo indica que se impondrá sin la búsqueda de ese diálogo que todos anuncian, pero que nadie aplica. Lo hemos visto en cómo la Mesa de la Cámara Baja hace valer los voto de socialistas y UP, que suman cinco, frente a los cuatro restantes, para imponer su criterio para prolongar innecesariamente la decisión de suspender a los diputados presos. Esta es la lógica parlamentaria habitual, de PP y Cs, que en esta Legislatura se verá aún más condicionada por una aritmética endiablada: sólo el grupo socialista supera los 70 diputados (tiene 123) necesarios para emprender determinadas iniciativas parlamentarias. Ninguno del resto de grupos alcanza esta cifra, PP (66), Cs (57), UP (43) y Vox (24). Por iniciativa propia, sin contar con los votos de otras formaciones, Casado y Rivera no podrán proponer comisiones de investigación, pedir la comparecencia de ministros, proponer plenos extraordinarios, solicitar votaciones secretas o cambiar el orden del día de un pleno y, por supuesto, emprender una reforma constitucional. En estos primeros pasos de la Legislatura, a la espera de la investidura de Sánchez –probablemente sin superar los 176 de la mayoría absoluta–, impondrá los votos que pueda reunir –incluido los cuatro de Bildu– para sacar adelante su programa y encontrar apoyos para el capítulo más polémico de su futuro mandato: las medidas que piensa aplicar para apaciguar al nacionalismo catalán. La actitud que Batet está manteniendo respecto a la suspensión de los cuatro diputados procesados por la declaración unilateral de independencia apunta a una indefinición muy calculada sobre temas centrales. Ayer, preguntada por qué haría en el caso de que Jordi Sánchez, procesado por rebelión, fuese propuesto para participar en la ronda con el Rey en representación de Junts pel Catalunya, como así ha hecho esta formación, se limitó a decir que ya vería cuando le llegue la propuesta. A estas alturas, cuatro días después de la toma de posesión de los diputados, es incomprensible que los cuatro acusados por graves delitos contra la Constitución no hayan sido todavía suspendidos, existiendo legislación para poderlo hacer. Está el Reglamento del Congreso (art. 21.2) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 384 bis), normativas en ambos casos que supone la suspensión inmediata. A pesar de ello, Batet ha optado por dar más largas a la suspensión y solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara, cuando éstos llevan desde el primer día analizando esta polémica jurídica. Ha sido la propia presidenta del Congreso la que ha propiciado este enredo, que podría ser puramente técnico si no se tratase de un nuevo frente abierto por el independentismo para socavar la legitimidad democrática. De nuevo el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de la demanda de la presidenta del Congreso a que interviniese, al entender que en su auto del día 14 ya estaba incluido su punto de vista. El Alto Tribunal considera que es al órgano rector de la Cámara al que compete la responsabilidad de suspender a los diputados presos. De no decidir la Mesa hoy la suspensión, dañaría gravemente el perfil institucional de Meritxell Batet.