Sánchez compromete el futuro

De la amplia batería de informaciones, análisis y gráficos que hoy publica LA RAZÓN sobre la situación económica española, se puede extraer una conclusión muy poco tranquilizadora, puesto que el actual Gobierno socialista, impelido por la batalla electoral, está repitiendo los mismos errores que en 2007, desoyendo los avisos de desaceleración de la economía y provocando un peligroso incremento del gasto público. Pero con dos notables diferencias con respecto al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera, que hoy las finanzas nacionales están gravemente desequilibradas, con un déficit estructural de 35.000 millones de euros, una deuda pública de 1,1 billones de euros y la necesidad de seguir recurriendo al crédito exterior –220.000 millones de euros prestados cada año– para poder hacer frente a las obligaciones contraídas por el Estado, y la segunda, pero no menos importante, que ahora sí tenemos una experiencia de los mecanismos y consecuencias de la crisis de la que se carecía en aquel tiempo.

De ahí, que se antoje imprescindible abordar medidas preventivas con la mayor urgencia posible, entre otras razones, porque el conjunto de los ciudadanos, ya escarmentados, está comenzando a aplazar las decisiones de compra, como se refleja en la caída del consumo interno. Por supuesto, está desaceleración no es un problema exclusivo español, lo que explica la doble decisión del BCE de aplazar, por un lado, la subida de tipos y mantener, por otro, las inyecciones de liquidez, pero puede tener un efecto demoledor en nuestra economía, que apenas está restañando las heridas de la última recesión, porque uno de los factores que está actuando con fuerza en este escenario negativo es, precisamente, la acción de un Gobierno que en sus escasos nueve meses de vida ha recurrido a los señuelos del más rancio populismo con el objetivo puesto en las expectativas electorales. En efecto, no son tanto las medidas económicas realmente llevadas a cabo lo que está en cuestión, como los anuncios de una política de fuerte impronta social, es decir, de subvenciones y subsidios, cuyo coste fiscal, necesariamente, va a recaer sobre las empresas y los trabajadores de ingresos medios.

Si, además, le unimos la absurda imprudencia de algunos ministros, proclamando la asunción de políticas medioambientales que afectan directamente a la industria del automóvil, uno de los pilares de nuestro sector industrial, entenderemos la alarma que reina en los sectores productivos y la caída de todos los indicadores económicos, desde el mercado laboral hasta las exportaciones. Sólo desde un optimismo a prueba de bomba se puede pretender que Pedro Sánchez, una vez ganadas las elecciones, –hipótesis, por otra parte, nada segura– se avenga a reconducir su política populista, aunque sea forzado por la realidad de la prevista recesión. En el mejor de los casos se verá abocado a pactar la investidura con los mismos socios que le auparon a La Moncloa, entre los que se encuentra Podemos, que viene dejando claro desde la moción de censura que no está dispuesto a renunciar a una política de logros sociales pagada con mayor presión fiscal y, en su caso, barra libre del gasto público.

Por otra parte, y es uno de los factores del adelanto electoral, aunque no el más determinante, los españoles acudirán a las urnas el próximo 28 de abril cuando aún no sean palpables las consecuencias de la inevitable desaceleración, por más que ésta ya se empiece a notar, en la caída del empleo, de ahí que la propaganda de la izquierda esté volcada en el rechazo y la negación de unas previsiones que nos retrotraen a esos años de amarga memoria, con cinco millones de parados. Algo que merece una reflexión serena del elector ante la urna.