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Sánchez, derrocado por sus socios

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14 de febrero de 2019. 01:01h

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14/2/2019

La no aprobación de los Presupuestos es una derrota política en toda regla del Gobierno y, en concreto, de su presidente, Pedro Sánchez, empeñado en sostenerse con el pacto «contra natura» con los partidos independentistas catalanes. Ha sido, de hecho, una «moción de censura» fallida, porque no ha podido agrupar los votos que le llevaron a La Moncloa el pasado 1 de junio. Es decir, el pacto de la moción ha quedado roto, lo que podría ser una buena noticia si los independentistas hubiesen entendido que la unilateralidad nunca encontrará un interlocutor en un Estado de Derecho. Los secesionistas –ERC y PDeCAT– demostraron ayer que entre las condiciones que habían puesto encima de la mesa para retirar los Presupuestos estaba como irrenunciable el derecho de autodeterminación. No se sabe bajo qué ensoñación persistían en reclamar algo que ni este Gobierno ni ningún otro Estado democrático podía darles. Las cuentas en sí, o los beneficios que podría tener para Cataluña –1.500 millones de euros en transferencias y 900 en inversiones–, no eran lo prioritario, sino un asunto que, como siempre, fue relegado como un mero instrumento político al servicio del «proceso». En este juego estuvo Sánchez, hasta que el resultado de las elecciones andaluzas, las críticas de destacados líderes territoriales con responsabilidad de gobierno y, por último, la firme reacción de la oposición y manifestación del pasado domingo en Madrid, le aconsejaron dar un paso atrás. La propuesta de un «relator» que mediara en unas negociaciones entre partidos para dar una «solución política al problema catalán» y que a su vez fueran aceptadas por las instituciones tuvo la virtud de mostrar las cartas de un diálogo más allá de lo que puede dar la Constitución. Lo correcto en una democracia parlamentaria en la que el Gobierno no consigue aprobar el instrumento básico para su gestión sería convocar elecciones de manera inmediata, pero estamos ante un caso anómalo. Con tan solo 84 diputados, Sánchez llegó al Gobierno con un acuerdo que ponía al límite el compromiso constitucional del PSOE, justamente aliándose con los partidos que habían puesto en la diana al «régimen del 78». Liquidó de esta manera el bloque constitucionalista que hizo frente a los graves hechos desencadenados por el «proceso» y haciendo suya la política de las «dos orillas» de Podemos, lo que se ha trasladado a la sociedad española con nefasto resultado. Sánchez llegó a La Moncloa sin programa –con apenas unos guiños simbólicos de impacto como la exhumación de Franco– y toda su acción en estos siete meses se ha basado en la aprobación de siete decretos de ley, algunos de ellos, como el de la Violencia de Género, que ya había puesto en marcha el PP. La no aprobación de los Presupuestos para 2019 tiene, además, una lectura que va más allá de la debilidad de Sánchez. Según la Comisión Europea, el borrador presupuestario presentado por España se encuentra en riesgo de incumplimiento, por lo que se le exigió al Gobierno que tomasen las medidas necesarias para cumplir la disciplina fiscal europea. Para los partidos de la oposición, es innecesario que incluya 6.000 millones más en impuestos y gasto público, algo de lo que se resentirá la economía española y especial las clases medias. La legislatura está acabada, ha sido improductiva, sesgada ideológicamente y, sobre todo, ha dejado un panorama político confuso en el que en un alarde propagandístico se ha responsabilizado a PP y Cs del fracaso de las negociaciones de Sánchez con los independentistas. Las elecciones son necesarias porque es la única salida para desbloquear una situación que ha hecho que la vida política esté monopolizada por las consecuencias del «proceso». Que coincidan con el proceso del 1-O no es lo mejor, un escenario muy deseado por el independentismo, pero estamos seguros de que nada alterará al Tribunal Supremo.

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