Sánchez no puede huir de su realidad

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que huir de los periodistas como si fuera un futbolista sorprendido en plena operación de traspaso no es la mejor señal que se puede trasmitir a la opinión pública, atónita ante la sucesión de escándalos y polémicas que sacuden a los miembros del Gabinete. Lo cierto es que el presidente lleva desde el día tres de agosto sin conceder una rueda de Prensa formal, sólo breves comparecencias en el extranjero, con las preguntas previamente pactadas, y sin atender a los informadores que cubren sus, por otra parte, contados actos públicos. Es notorio, incluso, que sus asesores estudian rutas y salidas alternativas para dar esquinazo a los periodistas. Viniendo de un político y de un entorno que no ahorró acerbas críticas al anterior jefe del Ejecutivo porque había comparecido a través de una pantalla de plasma, la actitud de Pedro Sánchez no es sólo el reflejo de sus dificultades internas, sino de la habitual doble vara de medir que caracteriza a la izquierda española. Hoy, lejos ya los tiempos del «Gobierno bonito», la Moncloa habla a los ciudadanos, si acaso, a través de twitter, mientras la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, fabula con unas leyes para los medios de comunicación que prohíban las preguntas incómodas. Pero, si bien se pueden estirar los silencios, llegará un momento en que el presidente del Gobierno tendrá que hacer frente a los hechos y explicar, al menos, las razones del diferente trato que recibió el exministro Màxim Huerta, obligado a dimitir, con respecto al ministro de Ciencia, Pedro Duque, que también constituyó una sociedad personal para aliviarse de las cargas fiscales. O por qué mantiene a una ministra, en este caso la de Justicia, Dolores Delgado, políticamente desaparecida y a merced de nuevas filtraciones, que, sin duda, será una baza para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la hora de imponer una política presupuestaria tan voluntarista como imposible. Y lo mismo reza para el desafío separatista en Cataluña, con ultimátum incluido del presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presunto adelanto electoral en Andalucía, la crisis creciente de los menores inmigrantes, las señales cada vez más alarmantes de que nos hallamos ante una desaceleración económica o, el asunto, sin duda, más espinoso para el presidente del Gobierno de las acusaciones de plagio de su tesis doctoral. Esta ausencia pública no ayuda, precisamente, a la buena imagen del Ejecutivo, en el que sus miembros parecen actuar por libre y dan ocasión a contradicciones tan palmarias como en la cuestión de la indexación de las pensiones, donde la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, afirmaba que sólo se tendría en cuenta el IPC, mientras la de Economía, Nadia Calviño, aconsejaba contemplar otros indicadores económicos y sociales, consciente de la dificultad de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en una escenario de alta inflación, salarios medios bajos y mayores expectativas de vida. Dar la callada por respuesta nada soluciona cuando, además, están pendientes ineludibles comparecencias parlamentarias. La realidad, tozuda, es que Pedro Sánchez preside un Gobierno políticamente abrasado, con demasiados flancos abiertos y con unos socios de legislatura que tienen sus propias estrategias de cara a la larga serie de contiendas electorales que se avecinan. Una situación de inestabilidad que se está trasladando a los actores financieros internacionales, que miran con desconfianza como el Ejecutivo hace caso omiso a las advertencias de Bruselas y del FMI y sigue perdiendo ingresos fiscales con medidas de corte populista, como el «paquete eléctrico», que difícilmente podrán cubrir las anunciadas subidas de impuestos.