Sánchez prepara un tsunami fiscal

Cuando el pasado 15 de octubre el Gobierno en funciones remitió su borrador presupuestario a Bruselas, ya advertimos del riesgo de crecimiento del gasto público y de la imposibilidad de que la Comisión Europea aceptara esa previsión de cuentas. Y, en efecto, ayer el vicepresidente de la misma, Valdis Dombrovskis, y el comisario Pierre Moscovici remitieron una carta a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en la que no sólo señalan una potencial desviación significativa de los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que calculan que el déficit estructural español sólo descenderá un 0,1%, frente al deseable 0,6%. La reacción gubernamental no se ha hecho esperar y, por supuesto, no supone novedad alguna en el discurso electoralista del PSOE, empeñado en trasladar a la opinión pública, dadas las poco halagüeñas perspectivas que otorgan las encuestas al candidato socialista, la especie de que corresponderá a los partidos de la oposición facilitar la estabilidad de su futuro Gobierno con la aprobación, por supuesto, de unos nuevos Presupuestos Generales, que resolverán la desviación contable mediante «la actualización de los ingresos fiscales». Y ahí estriba el problema. Porque concediendo, aunque sólo sea como mera hipótesis de trabajo, la victoria en las urnas de Pedro Sánchez, se pretende de los partidos del centro derecha que apoyen una política presupuestaria expansiva que supondrá un tsunami fiscal para el conjunto de los ciudadanos y, sobre todo, para las empresas. No en vano, Bruselas advierte de que nos hallamos ante una previsión de incremento del gasto público del 3,8% para 2020, cuando no debería exceder del 0,9%, lo que exigirá, como primera providencia, un ajuste de 6.600 millones de euros, que saldrán, nadie lo dude, del bolsillo de los contribuyentes. Incluso si descontamos el electoralismo de algunas promesas de mayores beneficios sociales, Pedro Sánchez ya ha comprometido un aumento del gasto de más de 5.000 millones de euros con sólo dos medidas: la indexación de las pensiones al IPC, que supondrá un incremento de la pensión media del 0,9%, y la subida en un 2% de los sueldos públicos, que fue pactada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos. Si bien no es cuestión ahora de entrar en la situación de la Seguridad Social, que ya arrastra un déficit de 50.000 millones de euros, el mayor de la historia, la política de la pensiones es un ejemplo más de que, pese a la ineludible necesidad de abordar las reformas estructurales que necesita la economía española, la izquierda se ha situado en el fácil expediente de las subasta de ofertas electoralistas. Con estas premisas, ni el Partido Popular ni Ciudadanos podrían dar su aval a una política impositiva extractiva, sólo atenta a la búsqueda de nuevos yacimientos fiscales, que siempre acaba por frenar el crecimiento de la economía y dañar el mercado de trabajo. El simple hecho de que la tasa de ahorro de los hogares españoles esté en máximos de la década, con la consecuente afectación al consumo interno, retrata el temor de los ciudadanos a enfrentar un nuevo período recesivo y plantea un escenario de incertidumbre. Por supuesto, nadie discute que España debe salir del bloqueo político y contar con un Gobierno que ponga fin a la prórroga presupuestaria. Pero no puede ser a cualquier precio. Si los electores no conceden, como parece probable, una mayoría parlamentaria suficiente a ninguno de los candidatos, será forzoso llegar a pactos de legislatura entre diversos partidos. Y, en esa tesitura, que nadie piense que los respaldos políticos, como creía Pedro Sánchez, no deben tener contrapartidas. Especialmente, por lo que toca a la derecha, en política fiscal.