Se cumple la voluntad de los andaluces

El acuerdo para un Gobierno de coalición en Andalucía entre el Partido Popular y Ciudadanos tendrá, finalmente, el respaldo de VOX, cuyos 12 escaños eran imprescindibles para sumar la mayoría parlamentaria. Se cumple de esta manera el mandato inequívoco de los electores que, con sus votos, decidieron que ya era tiempo de abordar el cambio político andaluz, tras treinta y seis años de régimen socialista. Tal era la fuerza de la expresión ciudadana, que ninguno de los partidos implicados en el pacto de investidura podía considerar la preeminencia de sus posiciones políticas o de sus intereses propios por encima de ese llamamiento social. De ahí que las negociaciones se hayan concluido en tiempo y forma, sin más tropiezos que el error, bisoño sin duda, de los representantes de VOX, que plantearon un primer borrador de máximos que el Partido Popular no podía aceptar de ninguna manera. La general reacción de rechazo a una estrategia tan burda hizo recapacitar a la dirección del partido que preside Santiago Abascal, lo que permitió alcanzar un acuerdo razonable. Llegados a este punto, hay que valorar el esfuerzo negociador de los populares, más si se tiene en cuenta la nula disposición de sus próximos socios de Gobierno, Ciudadanos, a efectuar cualquier cesión, por simbólica que fuera, que pudiera interpretarse como un respaldo a las posiciones que representa VOX. Aunque en algunos sectores se señala que, en el fondo, no estamos más que ante una actuación de cara a la galería, dado que la gestión de gobierno de la próxima Junta de Andalucía va a seguir estando condicionada por el apoyo del partido verde, lo cierto es que esa intransigencia, despreciativa, además, de unos votos tan legítimos como válidos, por más que se encuentren en un extremo del arco ideológico, pueden entorpecer la labor del nuevo Ejecutivo autonómico, amén de convertir al PP en el pivote sobre el que gira todo el proyecto de cambio. Mucho mejor hubiera sido buscar un acuerdo tripartito, en el que los socios se atuvieran a sus cuotas de representación, más aún, cuando la inmensa mayoría de las 36 propuestas de VOX que figuran en el pacto con los populares pueden ser perfectamente asumidas por Ciudadanos, incluso aquéllas que se refieren al tratamiento de la inmigración irregular o a la demanda de mayores controles en la política de subvenciones a organizaciones no gubernamentales o asociaciones asistenciales. En efecto, el partido de Santiago Abascal ha renunciado a sus demandas más extremadas, algunas de dudoso encaje constitucional, y, a cambio, consigue que el futuro programa de Gobierno ponga el acento en algunas reformas que, sin ser del todo ajenas a las convicciones de los votantes del PP, son santo y seña de la formación, como es el respeto al derecho de los padres a excluir a sus hijos de las materias de educación no reglada, cuando éstas atenten contra sus creencias. Estamos, sin embargo, ante el principio de una tarea política que se nos antoja ingente, aunque sólo sea porque exigirá al futuro Gobierno de Juanma Moreno –que presidirá la Junta– y de Juan Marín –que ejercerá como vicepresidente– desmontar las estructuras clientelares tejidas durante cuatro décadas por los diferente ejecutivos socialistas, que, además, crearon una administración autonómica elefantiásica. Una labor que, por sus objetivos declarados, va a chocar desde el primer momento con los múltiples intereses creados a la sombra del dinero público. Es, por supuesto, lo que votaron los andaluces en unos comicios que se pueden considerar históricos, pero que obligan a tres partidos, como señalábamos al principio, a primar el acuerdo por encima de sus propios intereses. De lo contrario, lo más probable será que se frustren las expectativas.