Simple cuestión de legalidad

Le asiste toda la razón al ministro de Defensa, Pedro Morenés, cuando mantiene que hay dos planos en la cuestión de Gibraltar. Uno, de fondo, es la reclamación de la soberanía de un trozo de tierra española ocupada arteramente por Gran Bretaña hace tres siglos, y otro, el respeto debido a las leyes europeas e internacionales que cualquier territorio bajo el Gobierno de Londres está obligado a mantener en virtud de los acuerdos firmados. Dos aspectos del problema que deben ser tratados en ámbitos diferentes, pero que sólo tienen dos interlocutores esenciales: los gobiernos de España y Reino Unido. La cuestión de la soberanía ha sido planteada de nuevo por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en lo que supone una vuelta a la política tradicional española con respecto a Gran Bretaña. Política que fue interrumpida durante los últimos gobiernos socialistas con los llamados «Acuerdos de Córdoba», que impulsó el ministro Miguel Ángel Moratinos, cargados de buenas intenciones, pero que, a la postre, no sirvieron más que para reforzar la posición política y económica del Ejecutivo local de la colonia. No es un asunto con el que los gobiernos británicos se sientan cómodos, y menos si, como es predecible, se eleva a otros foros europeos en los que el voto español tiene el peso del veto. Una vía de presión a explorar en todas sus posibilidades, pero con la cautela que da una experiencia larga de siglos. Sin embargo, y en ello incide el ministro Morenés en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN, aparte de la cuestión de la soberanía se encuentra en entredicho el simple cumplimiento de las normas internacionales por parte de un territorio británico. Gibraltar es un paraíso fiscal donde se realizan actividades de dudosa legalidad, como demuestra el hecho de que tienen registradas más empresas que número de habitantes, patrón idéntico al de otras entidades que escapan al control de capitales; es un punto neurálgico del contrabando de tabaco y alcohol, con sobradas sospechas de otro tipo de tráficos ilícitos, y, por último, es responsable de graves infracciones contra las leyes medioambientales de la Unión Europea, cuyos convenios y protocolos ha ratificado Reino Unido. Asistimos, por lo tanto, a una clara agresión por parte de los gobernantes coloniales hacia España y, por extensión, hacia la UE, que el Gobierno de Londres estará obligado a impedir tarde o temprano. Mientras el asunto se resuelve jurídicamente en los ámbitos internacionales adecuados, a España la asiste el derecho a obrar con todos los medios a su alcance para minimizar los daños. De momento, controlando exhaustivamente la frontera de un territorio extracomunitario, que vive en la permanente alegalidad.