Sin contar con Rajoy, Sánchez no puede reformar la constitución

Con la Declaración de Granada de julio de 2013, el PSOE zanjaba su crisis con el PSC. Ahora sella con la Declaración de Barcelona, presentada ayer, una nueva etapa de entendimiento entre ambos partidos hermanos. En las dos ocasiones, dicho acuerdo debería servir para adecuar el modelo territorial autonómico y satisfacer las exigencias independentistas. Puede que el PSC-PSOE (volvemos a la denominación de los años 80) haya puesto fin a una etapa de desencuentros, pero es más dudoso que el modelo federalista que propone a través del desarrollo del sistema autonómico colme las aspiraciones del separatismo. Los socialistas catalanes saben muy bien que el avance del «proceso» hasta la actual situación de desafío frontal a la legalidad democrática no es el producto de la insatisfacción ante el grado de autogobierno de las instituciones catalanas. A pesar de que entre 2003 y 2010 el PSC gobernó la Generalitat de Cataluña, con Pasqual Maragall y José Montilla, a través del muy criticado «tripartito», en ningún momento plantearon reformar el Estatuto ni la Constitución para que ésta reconociese las «aspiraciones nacionales de Cataluña», como ahora sí proponen, ni aunque sus socios fuesen ERC –guardián del independentismo– e ICV –valedor del derecho de autodeterminación, aunque fuese por su genética comunista. Se dirá que eran otros tiempos. Sin duda, pero queremos pensar que el viejo ideario federalista de los socialistas no ha cambiado en nada. Parece que sí. Dejar la puerta abierta a la reforma del artículo 2 de la Constitución, en el que se especifica la «indisoluble unidad de la Nación española», o no querer concretar este punto, como ayer hicieron Pedro Sánchez y Miquel Iceta, sólo abona la confusión reinante, y más cuando se quiere complacer al nacionalismo irredento incluyendo en el Título VIII un término tan colorista y vacío como «Estado plurinacional». A falta de concretar esta reforma, Sánchez equivocó ayer su papel: de ponerse en marcha la reforma de la Carta Magna, no debe ser la reforma del PSOE. «Nos gustaría que se uniera también el Grupo Popular», dijo. Comete un grave error y, lo que es peor, un error en un momento en el que la unidad de los constitucionalistas ante el desafío independentista debe ser total, porque sin los populares no es posible reforma alguna. Sánchez no estuvo ayer a la altura de lo que se le debe exigir al primer partido de la oposición. Antes de lanzarse a patrocinar la reforma constitucional debería especificar su contenido, punto a punto. Con la remodelación-purga del Gobierno catalán quedó claro que el cese de los tres consejeros, más el secretario general del Consejo Ejecutivo, sólo busca afianzar la línea dura independentista para culminar el choque frontal con el Estado de Derecho. Cuando Puigdemont dijo que no había cesado a nadie, sino que los consejeros relevados «habían dado un pasado al lado», quedó claro la pérdida del sentido de la realidad de los dirigentes de la Generalitat. De ahí que ahora más que nunca es exigible que el PSC-PSOE no se sume a esa ceremonia de la confusión, concrete sus propuestas y, sobre todo, acuerde su plan de reforma constitucional con el PP, partido sin el cual la Carta Magna no se puede tocar. El pasado mes de mayo, Rajoy dio respuesta a la lista de 45 puntos presentados por Puigdemont. Sobre el punto 46, el del referéndum independentista, pidió su retirada. El presidente de la Generalitat no quiso y esa negativa ha llevado a la actual situación.