Sólo la unidad doblegará al golpismo

En los últimos días hemos mantenido que la designación del nuevo presidente de la Generalitat obligaba a la democracia y a los ciudadanos a estar preparados para lo peor en cuanto que la voluntad de los separatistas era redoblar el golpe contra el orden constitucional. Demandábamos de los representantes de los principales partidos del Estado que preservaran la unidad por encima de cualquier estrategia cortoplacista que, aunque legítima, era perniciosa. Queremos pensar, deseamos pensar, que la reanudación de los contactos al más alto nivel entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos solo cabe interpretarla como una señal de que se ha comprendido la magnitud del peligro y la necesidad de que las estrategias particulares queden relegadas. El compromiso de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con la unidad de España y el marco jurídico refrendado ayer fue una respuesta adecuada a los separatistas con un renovado mensaje de fortaleza y determinación. El 155 puede decaer en los próximos días cuando los consejeros catalanes tomen posesión, conforme al acuerdo del Senado, pero Rajoy y Sánchez coincidieron en que el instrumento es una opción muy probable si las soflamas de Quim Torra se convierten en hechos. Un 155 que debe corregir insuficiencias pasadas «en defensa de la concordia civil, la legalidad vigente, la Constitución, la soberanía nacional y la unidad de España». El documento consensuado por Rajoy Sánchez reconoce la gravedad y la excepcionalidad del momento con una autoridad al frente de la administración catalana, y de todos sus resortes, integrista y xenófoba, enemiga acérrima de España. Un mandatario que está dispuesto a gobernar contra la mayoría de catalanes no independentista, que pretende recuperar a los políticos presos para dirigir al menos nominalmente varios departamentos y que quiere sostener política y financieramente una estructura de poder paralela fuera de Cataluña como guinda de un fraude colosal y una traición a los ciudadanos. Que Quim Torra rindiera pleitesía a su jefe en Berlín, Carles Puigdemont, un prófugo de la Justicia, en una imagen patética, siniestra y degradante para Cataluña, demostró el grado de degeneración moral e institucional que puede alcanzar alguien preso de fundamentalismo e intransigencia. Que ambos hablaran de diálogo sin condiciones con el Gobierno para acabar con España, pisotear la voluntad del pueblo español, dinamitar la Ley y legitimar así la violencia institucional de un movimiento subversivo, etnicista y ultra fue una provocación, además de una infamia. Torra sabe cuáles son los límites para el entendimiento, como lo conocía Puigdemont, la Constitución y el Estatuto. Fuera de ellos, las opciones remiten a los tribunales. En la mano del nuevo presidente catalán está trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente en esa región en lugar de empobrecer su presente y alimentar un clima de enfrentamiento de consecuencias impredecibles. Pero no podemos engañarnos. Somos pesimistas porque todo hace pensar que Torra y su jefe buscarán la confrontación para forzar un escenario de desestabilización que aliente sus opciones electorales, ganar poder y multiplicar el desafío. El Estado, el constitucionalismo y los españoles debemos estar preparados para gestionar escenarios explosivos que nos exigirán responsabilidad y altura de miras, pero sobre todo cohesión y confianza. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han dado ese paso con un acuerdo que prevé firmeza contra el golpe y vigilancia de las cuentas de la Generalitat. Albert Rivera debe sumarse al mismo más allá de retóricas cortoplacistas e inoportunas. El presidente de Cs es un político leal y como tal debe contribuir al consenso patriótico con sus planteamientos y una adhesión sin matices. Su encuentro de mañana con el presidente Rajoy debe certificarlo para enviar un mensaje a ese separatismo protofascista que amenaza nuestra libertad.