Soluciones para el ladrillo

El Gobierno se fijó como una de las prioridades de su política de vivienda reducir el «stock» de pisos sin vender. Una de las consecuencias más gravosas de la crisis y de la burbuja inmobiliaria para el país -esa especie de tormenta perfecta que dinamitó el patrimonio nacional y empobreció la sociedad- es el tremendo volumen de la sobreoferta de casas en nuestro país. Esa cifra se situó en 676.038 unidades al cierre de 2011. La parálisis de la demanda interna como consecuencia de la recesión provocó que se planteara como solución el estímulo de la demanda externa. Durante el pasado verano, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que las embajadas trasladarían a los mercados estratégicamente más atractivos e interesantes las reformas urbanísticas de nuestro país, como la nueva Ley de Costas, para favorecer precisamente la adquisición de pisos en zonas turísticas por parte de ciudadanos extranjeros. En este punto cabría recordar también que el Gobierno socialista realizó una gira por Europa para comercializar directamente el excedente de inmuebles españoles. Con el objetivo imprescindible de aliviar la toxicidad del ladrillo en la economía nacional y favorecer las posibilidades de recuperación, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció ayer que el Gobierno estudia cambiar la Ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por un importe superior a 160.000 euros. La medida ya había sido adelantada en el Congreso por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el pasado 14 de noviembre. El Ejecutivo entiende que el precio mínimo elegido será un filtro suficiente para que se logre el objetivo de estimular la demanda precisa, pero sin que se convierta en un efecto llamada para obtener la estancia legal ni en un coladero especial para, por ejemplo, el turismo sanitario, pues se tendrán que cumplir los requisitos previos de la Ley de Extranjería. La iniciativa, con ser novedosa e incluso llamativa en España, no lo es tanto fuera. Una regulación similar existe en Italia, Irlanda, Portugal e incluso en Estados Unidos. Estamos ante una respuesta imaginativa y práctica a un problema de envergadura que mantiene colapsado un mercado que precisa de incentivos y de salidas. Aunque su eficacia se demostrará con el tiempo, la medida elegida por el Gobierno puede funcionar desde el convencimiento de que se enmarca en una encrucijada compleja y sin terapias sencillas ni automáticas. Lo que está fuera de discusión es que España necesita liquidar el «stock» con urgencia. Y ello dependerá en buena medida de que se consoliden la confianza y la seguridad jurídica, comercial y urbanística española en mercados clave para nuestros intereses. Además, será un aliciente y un espaldarazo al denominado «banco malo», cuyo éxito o fracaso alientará o lastrará la recuperación.