Ternera debe ser juzgado en España

La captura del jefe etarra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias «Josu Ternera», pone fin a la fuga de la Justicia de un caracterizado asesino de masas que en algún momento de su trayectoria creyó que podía salir no sólo impune de sus crímenes, sino convertido en actor político de la misma democracia que trató de destruir. Ternera, en efecto, aprovechó todos los vericuetos legales que ofrece un Estado garantista y consiguió, para humillación de las víctimas y de todos los demócratas sinceros de nuestro país, para escarnio del recto sentido de la Ley, convertirse en diputado de la Cámara autonómica vasca, donde se integró, vergüenza sobre vergüenza, en la comisión de derechos humanos. Pero, una vez más, la fuerza de la Justicia se impuso y el terrorista, emplazado para que respondiera del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas niños, se dio a la fuga. La huida, que, sin duda, contó con el apoyo de la red que todavía mantiene la banda terrorista en diversos países de Europa, se prolongó durante 17 años, tiempo en el que Ternera, despojado de la careta, participó en negociaciones para la disolución de la banda. Negociaciones, en realidad, que no eran más que la gestión de la derrota de los terroristas frente a la democracia española. Que ayer, desde un sector del socialismo vasco se hablara de «héroe de la retirada», como dijo textualmente el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, sólo nos recuerda hasta qué punto la ponzoña política de la extrema izquierda europea y de los movimientos nacionalistas más sectarios dieron cobertura ideológica a una pandilla de asesinos. Ahora, lo importante es que el trabajo de la Guardia Civil se cumpla en su esencia, que no es otra que la de traducir al criminal ante los jueces. Ternera tiene cuatro requisitorias judiciales en España, y su testimonio, que no prestará de buen grado, porque en el ánimo de los etarras no hay arrepentimiento sino cálculo, podría ser muy útil a la hora de esclarecer los trescientos asesinatos cometidos por la banda cuyos autores materiales se desconocen, así como establecer la responsabilidad de la última cúpula de la banda de la que formó parte y que está acusada de un delito de Lesa Humanidad. Ciertamente, Ternera tiene pendiente una condena en Francia de ocho años, por integración en banda terrorista, que puede recurrir, rechazando la sentencia, por haber sido juzgado en rebeldía. Sus abogados, con toda probabilidad, solicitarán una vista presencial y la puesta en libertad provisional durante el tiempo procesal preciso, aduciendo el padecimiento de una enfermedad de mal pronóstico. Si bien no hay motivos para desconfiar de la Justicia francesa, que ayer ordenó su ingreso en prisión, es necesario que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ponga en marcha los mecanismos de colaboración judicial establecidos con Francia que prevén, entre otras cuestiones, la entrega temporal del terrorista para que sea juzgado en España, aunque, tras la vista de la causa regrese a una cárcel gala para cumplir el resto de la condena. Incluso, Ternera podría ser encarcelado en un centro español, posibilidad que también recogen los acuerdos. En cualquier caso, es imprescindible que este terrorista comparezca ante los jueces españoles para responder de los crímenes más atroces de la banda, que se llevaron a cabo cuando era uno de sus principales jefes. Porque la disolución de ETA no fue fruto de acuerdo ni negociación alguna, sino de la larga y tenaz lucha de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la labor de nuestro sistema judicial y, también, del esfuerzo político de los sucesivos gobiernos. Nada debe la sociedad española a la banda etarra ni, por supuesto, le deberá nunca.