Toda la UE debe estar con Venezuela

Pedro Sánchez ha dado, finalmente, el paso que se esperaba de España en la crisis venezolana. El Gobierno reconoce oficialmente a Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela, en tanto que primer representante de la legalidad de la Asamblea Nacional, con el objetivo de convocar elecciones libres con todas las garantías cuanto antes. Se ha cumplido de esta manera el desconcertante plazo de ocho días fijado el pasado 26 de enero por Sánchez para que Nicolás Maduro convocara comicios, algo que era totalmente improbable y que sólo respondía a la cautela de que la voz de España no tuviera un protagonismo por encima del conjunto de países de la UE, cuando tenía que ser justamente al revés, dado el papel de nuestro país en la zona. Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Austria, Holanda y Dinamarca también anunciaron ayer el reconocimiento de Guaidó. Día a día, los acontecimientos son los que están marcando el ritmo de esta crisis: el aislamiento del régimen chavista es cada vez mayor, evidenciando que sus grandes apoyos, Rusia, China, Turquía o Irán, lo son por estricta conveniencia geoestratégica, lo que de poco sirve para paliar la lenta agonía de la revolución bolivariana. El reconocimiento de Guaidó por España tendrá sin duda efectos diplomáticos, aunque de Maduro siempre puede esperarse un gesto histriónico, una bravuconada o hacer uso desesperado de la violencia. Nada es descartable. El primer paso será la designación por Guaidó de un nuevo embajador en España, por lo que el actual representante perdería la inmunidad diplomática, lo que permitiría, además, el bloqueo de las cuentas con las que se sostiene la legación en España. De aplicarse la lógica de reciprocidad, Venezuela podría romper relaciones diplomáticas, como así ha hecho con EEUU –aunque se niega a abandonar el país–, o revocar el placet al embajador. En todo caso, España ha asumido su responsabilidad como país que mantiene estrechos lazos históricos, económicos y que tiene una colonia española que sólo en Caracas es de 161.523 personas. En el proceso de degradación del régimen será clave que los países democráticos, desde los vecinos del continente americano y el Grupo de Lima, al conjunto de la UE y Canadá y EE UU, mantengan una misma unidad de criterio sobre el hecho fundamental: Maduro debe abandonar el poder como garantía de que tras su marcha y la convocatoria de elecciones Venezuela emprenderá una transición hacia una democracia plena. Con todas la precauciones que hay que tomar ante un régimen dictatorial, el viento sopla a favor de las fuerzas democráticas de la oposición, que representa con realismo Juan Guaidó; una percepción que se basa en un hecho irrebatible: el chavismo, su revolución bolivariana o el llamado socialismo del siglo XXI ha sido un rotundo fracaso que, en veinte años, ha llevado a Venezuela a la ruina, a la pobreza de su población y a subsistir en un régimen libertizada. La pérdida de apoyos es evidente y ahora sólo se sostiene por la fidelidad –todavía– de las fuerzas armadas, basada en privilegios económicos, control del petróleo y otros negocios inconfesables. La Unión Europea no debe esperar a que el deterioro de los acontecimientos acaben dando la solución porque Maduro no dejará el Palacio de Miraflores voluntariamente. La UE debe emprender medidas concretas que incidan de manera directa en la cúpula chavista, civiles y militares. España ha dado un paso importante y necesario, pero en una crisis de esta importancia, debe mantener una comunicación fluida con el líder de la oposición, Pablo Casado. La situación lo exige.