Torra no puede burlar la Ley

No conviene dejarse enredar por la última maniobra propagandística del presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Torra, a cuenta de la intervención del Síndic de Greugues, Rafael Ribó, en un asunto, como es el de la retirada de los lazos amarillos y de las banderas separatistas de los edificios públicos del Principado, en el que no tiene la menor competencia. Es más, si hubiera que hacer algún comentario sería para recordar al defensor de todos los ciudadanos catalanes la conveniencia de que los inmuebles que albergan las instituciones que gobiernan a todos, tanto a los que se consideran nacionalistas como a los que no, mantuvieran en todo momento la neutralidad política y no sólo en los períodos electorales. No se trata, por supuesto, de limitar la libertad de expresión, como dijo ayer Ribó, sino del respeto debido a quienes también costean con sus impuestos la administración pública y pueden sentirse ofendidos por la exhibición de unos símbolos que, en el caso de los lazos, pretende la deslegitimación del sistema judicial español y de la democracia en el que éste opera, y que en el caso de las banderas separatistas impone desde el espacio público a toda la población la escenografía ideológica de unos partidos políticos muy determinados. Aunque ya estemos acostumbrados, el Síndic no debería consagrar la cooptación de las instituciones de Cataluña por quienes se niegan a representarla en su conjunto y, además, disponen de una multiplicidad de tribunas, muchas pagadas con el dinero público, para expresar sus ideas con toda libertad. Dicho esto, lo que de verdad cuenta en todo este asunto es el acatamiento por parte de Torra, aunque sea limitado y a regañadientes, de una orden directa de la Junta Electoral Central dada en el ámbito de sus obligaciones. La decisión del presidente de la Generalitat no cumple, al menos por lo que sabemos de su nota oficial, todos los requerimientos. Y no hay que dejarse engañar, insistimos, por la argucia de la consulta solicitada al Síndic, puesto que en ningún caso su Institución podía actuar a modo de órgano consultivo paralelo a otros organismos del Estado. Con un agravante: que ya el propio Ribó había advertido telefónicamente al presidente de la Generalitat del sentido de su dictamen, coincidente, como no podía ser de otra forma, con las instrucciones de la Junta Electoral. Si Torra ha retrasado el conocimiento público del informe ha sido, como es habitual en su proceder, para mantener la ficción ante su parroquia de que las instituciones del Estado carecen de operatividad en Cataluña. Pero no es así. El presidente de la Generalitat puede cubrirse con las muletas que quiera o que encuentre a mano, pero estaba obligado a limpiar los edificios oficiales de propaganda partidista, sencillamente, porque así se lo ha ordenado el órgano superior de la Administración Electoral, con sede en el Congreso de los Diputados. La situación admite, pues, poca discusión y, como venimos señalando, el Gobierno, a través de los mecanismos legales a su alcance, debe instar al cumplimiento exacto y completo de lo dispuesto o, en su caso, proceder por sus propios medios, con independencia de las actuaciones que correspondan a la Fiscalía, de acuerdo a lo que establece el artículo 410 del Código Penal. Cualquier retraso en la limpieza de todos los edificios oficiales, cualquier sustitución por otros símbolos «imaginativos» que sigan reivindicando a quienes están siendo juzgados por graves delitos ante el Tribunal Supremo, sólo servirán para cuestionar la autoridad y la vigencia de las instituciones del Estado en Cataluña, que es, exactamente, lo que pretende el presidente de la Generalitat.