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Torra sólo pide autodeterminación

Tiempo de lectura 4 min.

10 de julio de 2018. 01:21h

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10/7/2018

Joaquim Torra es el ejemplo canónico del independentismo más radical y dogmático. No es un político al uso –ni ha sido concejal, alcalde o diputado, ni ha gestionado nada que tenga que ver con el bienestar material común–, sólo es un obediente activista capaz de no ocupar el despacho de presidente de la Generalitat porque cree que le corresponde al huido Puigdemont. Es un activista que incluso en el regalo protocolario tiene que expandir su ideología a través de un humilde licor popular «para recordar de dónde venimos». Por lo tanto, es realmente complicado extraer ideas claras y contrastables de sus palabras, aunque sí sabe delimitar una frontera semántica con las ideas que sostiene el «proceso»: autodeterminación, presos políticos, 1-O. Está convencido, y así se lo ha planteado a Sánchez, de que «Cataluña se autodeterminó» en el referéndum ilegal del 1 de octubre y declaró la independencia el 27. De ahí su insistencia en hablar de encuentro «bilateral» –le faltó decir entre Estados– entre los gobiernos de España y Cataluña, «de reconocimiento mutuo institucional y de proyectos». Es difícil, como decíamos, discernir la mera propaganda de los contenidos concretos. Parece que tras la reunión de ayer en La Moncloa, Pedro Sánchez ha reconocido que existe un problema político y que éste debe resolverse políticamente. Que era un problema político nadie lo había puesto en duda, pero otra cosa es que la solución pase por convocar un referéndum de independencia que acabe con la unidad territorial. Torra le expuso al presidente del Gobierno esta vía a Sánchez, según su propia confesión, incluso no renunció a «descartar otras fórmulas para alcanzar la independencia». No tiene sentido insistir en «hablar de todo» cuando lo que se está poniendo encima de la mesa es la deslegitimación del Estado de Derecho, como Torra hizo al defender la existencia de «presos políticos» y calificarla de «indecencia jurídica». ¿En base a qué Sánchez tuvo que soportar oír que fuera de España «tengo la libertad de abrazarme con los presos» y tratarnos como una dictadura? En definitiva, por parte de la Generalitat no hubo ni un mínimo gesto de rectificación sobre la vía emprendida por el «proceso», ni voluntad real de diálogo –«hablar de todo» no es exactamente dialogar, ni una reunión de esa importancia es una terapia– y lo que quiso transmitir posteriormente a la opinión pública es que «no vamos a renunciar a nada». Suponemos que Sánchez sabrá por qué la reunión fue tan positiva. Que se vuelva a poner en marcha la comisión bilateral Estado-Generalitat, sin actividad desde 2011 (no olvidemos que bastó la llegada al Gobierno de PP para que, en 2012, el Parlament proclamase «el derecho imprescindible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación»), es una buena noticia, pero también esperemos que acepten participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de gobiernos autónomos, al que se han negado a asistir en los últimos años. ¿Debe verse en esto una muestra de distensión y normalidad? Es pronto para decirlo. En palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha quedado claro que ni en nuestra Constitución ni en ningún otro estado democrático existe el derecho a la autodeterminación, aunque Torra asegurase que Sánchez «me ha confirmado que España es una nación de naciones». La Generalitat tiene dos vías: o aceptar las reglas del juego o persistir en el delito de saltarse las leyes, con las consecuencias ya conocidas. No anima nada al optimismo que Torra anunciase que no invitaría al Rey al homenaje a las víctimas por los atentados de Barcelona y Cambrills del año pasado, lo que compromete seriamente a Pedro Sánchez, su nuevo interlocutor.

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