Un error y un absurdo político

A medida que se aproxima la fecha para que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se someta a la sesión de investidura, aumenta la preocupación entre los sectores empresariales ante un posible pacto de izquierdas que entregue a Podemos la llave del futuro Ejecutivo. Por ello, conscientes los empresarios, como la mayoría de los españoles, de que la alternativa de un acuerdo entre los socialistas y Ciudadanos no contaría con los apoyos suficientes para llevar a Sánchez a La Moncloa, se está insinuando al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, la conveniencia de que el Partido Popular le allane el camino absteniéndose en la investidura. Pero si la postura de los empresarios, que advierten de graves problemas en el horizonte, tiene alguna justificación, no se explica que un político como Albert Rivera insista en una decisión que, en su caso, nunca admitiría, como demuestra su política reciente de pactos, favoreciendo la opción más votada. La frustración es mala consejera. Se argumentan, por supuesto, razones de interés superior que, sin embargo, no tienen ahora en cuenta el hecho fundamental de que ha sido el Partido Popular el que ha ganado las elecciones con casi dos millones de votos de ventaja sobre el PSOE, y, lo que es igual de importante, que a quien estos mismos sectores piden que dé un paso a un lado es, precisamente, al jefe de un Gobierno que, pese a todas las dificultades, ha conseguido reconducir la situación económica de España y ha puesto las bases para que el sector productivo pueda desarrollarse, al menos, en igualdad de condiciones que el resto de los europeos. Pero es que además de tratarse de un absurdo político, significa tanto como dar por válida la exclusión ideológica del centro derecha español, impulsada desde el sectarismo de la izquierda. En efecto, no se entiende que se pida la abstención a Mariano Rajoy para que facilite la formación de Gobierno a Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, se considere un hecho consumado, casi natural, que el socialista no de un solo paso hacia el acuerdo. El resultado electoral fue el que fue y, en pura lógica, correspondería a Mariano Rajoy la presidencia en un Gobierno de gran coalición. Sería, por supuesto, la mejor solución para garantizar la estabilidad política y el crecimiento económico, y supondría una oportunidad inmejorable para que los grandes partidos democráticos españoles abordaran las grandes reformas institucionales que precisa el país. De hecho, desde Bruselas, donde asiste a una cumbre fundamental para el futuro de la Unión Europea, el presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a plantear la hipótesis de la gran coalición, en la que el líder socialista optaría a la vicepresidencia, siguiendo el precedente de Alemania. Una propuesta razonable y leal para con el conjunto de la sociedad que, sin embargo, no ha tenido el menor eco en Pedro Sánchez. Su actitud ha representado todo lo contrario. Será difícil que los votantes del Partido Popular –que suman 7.215.752 españoles– olviden la ofensa gratuita del secretario general socialista cuando afirmó que estaba dispuesto a negociar con todos menos con el PP y Bildu, equiparando un partido democrático, constitucionalista y europeísta con los proetarras. En definitiva, esa demanda de abstención, que ni siquiera el partido de Albert Rivera puede contemplar en serio, no es conveniente para los intereses de España ni, por supuesto, sería entendida por los votantes y simpatizantes del Partido Popular. Es cierto que existe el riesgo de que la extrema izquierda radical lleve al desvarío, pero la responsabilidad hay que buscarla en la ambición personal de Pedro Sánchez, que no parece haber medido bien las consecuencias de su apuesta ni sus fuerzas.