Un general debe conocer lo que marca la Ley

No tiene razón el general José Julio Rodríguez, flamante fichaje de Podemos, al atribuir a una maniobra electoralista del Gobierno la decisión de retirarle los cargos y privilegios que ostentaba por su condición de militar. En este asunto, y con un sentido mínimo de la equidad, el general debería reconocer que dejó que primaran los intereses electorales de la formación de Pablo Iglesias, es decir, la oportunidad política de la publicación de su reclutamiento como número dos en la lista por Zaragoza, por encima de los procedimientos reglamentarios de la institución a la que pertenecía. Ciertamente, el general Rodríguez había solicitado su pase a retiro y presentado la renuncia a su cargo en la real orden de San Hermenegildo, como perfecto conocedor de que era incompatible con su actitud de parcialidad política, tal y como establecen las Reales Ordenanzas. Sin embargo, ni su pase a la situación de retirado ni su cese en la orden de San Hermenegildo, en la que cobraba un complemento retributivo, se habían hecho legalmente efectivos antes de hacer pública su incorporación a Podemos y declarar, también públicamente, que la situación de Cataluña no se soluciona con la Ley, sino políticamente. Cualquier militar entenderá que su destitución, aunque ya simbólica, era obligada.