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Un golpe a la democracia, ante la Justicia

Tiempo de lectura 4 min.

12 de febrero de 2019. 05:31h

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11/2/2019

Hoy da comienzo el juicio más trascendental que se haya celebrado en España desde la restauración democrática –al margen el del 23-F, que tuvo lugar bajo jurisdicción militar–, a la altura de la propia causa: un golpe contra la legalidad democrática, la ruptura de la unidad territorial y la proclamación de una «república catalana». Se produce en un momento político especialmente crítico, cuando Pedro Sánchez depende de que los independentistas que le llevaron a La Moncloa aprueben los Presupuestos y cuando se ha desvelado que estaba dispuesto a poner encima de la mesa de negociación medidas de dudosa constitucionalidad para ganarse el voto a sus cuentas y a su continuidad. La importancia de este juicio reside en que los procesados eran miembros del gobierno de la Generalitat –un vicepresidente y siete consejeros– y la presidenta del Parlament, además de dos dirigentes de sendas asociaciones independentistas, Òmnium y ANC. A ninguno de ellos se les juzga por sus ideas, que, por otra parte, llevan defendiendo desde la Generalitat y otras instituciones de autogobierno hace décadas con profusión de medios y dinero público, algo que permite nuestra Constitución, en contra, por ejemplo, de lo aceptado en Francia y Alemania. Lo que se juzga son unas acciones constitutivas de delito claramente tipificado en el Código Penal: rebelión (art. 472), malversación (art. 432.1) y desobediencia (art.410.1). El nacionalismo catalán, ahora independentista, no ha ocultado sus planes ni cuál fue su pretensión en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre: «Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano». A continuación, dispuso la «entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República». Otra cosa es que sus dirigentes se dieran a la fuga o que no tuvieran preparadas las «estructuras de Estado». Se equivocan los independentistas y la mayor parte de las defensas de los encausados en convertir la vista oral en un espectáculo de denuncia política. De nada servirá querer deslegitimar al Tribunal Supremo ni exhortar ante Europa que España no es un régimen democrático. La propaganda adormece a los acólitos, pero no suele ocultar la realidad de los hechos. Que los procesados están condenados de antemano es un grave insulto a la Justicia española que da medida de la escasa inteligencia del que injuria y un flaco favor a sus defendidos, no porque altere en algo las conclusiones de la vista, sino porque se va a juzgar sobre la base de un sumario, instruido por el magistrado Pablo Llarena –capítulo aparte es la presión y coacción a la que ha sido sometido por los nacionalistas y sus medios de comunicación–, ocho meses y medio después de que el fiscal general del Estado presentara las dos querellas por los hechos que desembocaron en la declaración de independencia, sobre la declaración de quinientos testigos y otras pruebas. Importan los hechos y no la propaganda. Deberían saber –y lo saben– que las artimañas para entorpecer el proceso no van a tener efecto. Mostraron tener un gran interés en retrasar la tramitación de la causa para que el juicio coincidieran con las elecciones del 26 de mayo y que el impacto que en una parte de la opinión pública catalana pueda tener el ver a los que fueron sus gobernantes sentados ante el Supremo pueda beneficiarles. Lo único cierto es que este proceso ante la élite de la magistratura española cuenta con todas las garantías y que la Comisión Europea fue clara: «No tiene constancia de ninguna quiebra del principio de separación de poderes o de ningún hecho que afecte a la independencia del poder judicial español» (5 de diciembre).

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