Un gran acuerdo de Estado

La eclosión del caso de la familia Pujol, con cinco de sus miembros bajo investigación judicial por supuestas prácticas delictivas de tráfico de influencias y evasión fiscal, ha venido a sumarse a las nuevas revelaciones sobre otras tramas de corrupción política de larga data en manos de los jueces – Bárcenas, Gürtel, los ERE de Andalucía, fondos de formación, «caso Asturias»...– y al descubrimiento de las tarjetas opacas de Caja Madrid, paradigma de la trasversalidad ideológica de unas prácticas abusivas con los fondos públicos, que han acabado por colmar la capacidad de asombro de una sociedad indignada con su clase política y que exige respuestas contundentes, sin pararse en distingos de ningún tipo, ni mucho menos en la cautela de que algunas de las acusaciones que caen en cascada sobre todo el territorio nacional puedan no corresponder a la verdad de los hechos. A esta sensación ciudadana de que el manto de la corrupción todo lo cubre, de que se trata de un mal sistémico de la política española, también ha contribuido la actitud de los partidos en liza, prestos a magnificar las sospechas que recaen sobre los demás y venteando acusaciones, a veces temerarias, sin el menor reparo al derecho a la presunción de inocencia o a las actuaciones judiciales. Pero dicho esto, lo cierto es que la sociedad española necesita una catarsis que devuelva la confianza en el juego de partidos, base de nuestro sistema democrático, y aleje el peligro que representan para la convivencia y el progreso común los movimientos populistas y demagogos que siempre prosperan en los momentos de crisis. Ayer, en Murcia, durante la celebración de la asamblea intermunicipal del PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, expresó la indignación que estas malas prácticas suscitan entre la inmensa mayoría de los miembros de la familia popular y reclamó, una vez más, un acuerdo general con el partido socialista para dotar a la sociedad de instrumentos eficaces contra la corrupción. Ciertamente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha impulsado la Ley de Transparencia y prepara una nueva reforma del Código Penal para tipificar como delito la financiación irregular de los partidos políticos. Pero no será suficiente si no se produce de una vez, cuanto antes mejor, ese compromiso de las dos grandes formaciones españolas de combatir hombro con hombro la lacra, renunciando a emplear las investigaciones judiciales como arma arrojadiza en la batalla electoral. Son muchas las carencias del sistema jurisdiccional español –comenzando por una legislación anticuada que opera difícilmente ante las nuevas realidades delincuenciales – a las que hay que poner remedio cuanto antes. Cambios legales profundos que exigen el mayor consenso político posible. Es tiempo de que reine la racionalidad.