Un pacto contra la corrupción

La corrupción no es un problema coyuntural que pueda resolverse sólo con la aplicación estricta de la Ley, aunque sin duda debe ser el camino para su penalización, sino que es necesario renovar la actividad política entendida como servicio público y convertirla en un trabajo noble y valorado por los ciudadanos. Los cargos públicos deben dar ejemplo y es exigible que rindan cuentas. En las encuestas del CIS, la corrupción aparece como uno de los grandes males, de ahí que el 37,6% de los ciudadanos apunte que es su mayor preocupación (barómetro de enero de 2014). Por otra parte, los políticos aparecen como los peores valorados entre una lista de cuarenta instituciones y profesiones, siendo las de científico, médico, pequeñas y medianas empresas, profesor y la obra social de la Iglesia las que ocupan los primeros puestos. La corrupción es una práctica extendida en toda la UE, como señalaba un informe de la Comisión Europea del pasado mes de febrero, en el que decía que a la economía comunitaria le cuesta 120.000 millones de euros al año. Por lo tanto, no conviene instalarse en un estado de desánimo permanente que nos lleve a considerar que es un problema sin solución que tiene que ver con la condición humana, sino poner en marcha leyes y políticas concretas. En este sentido, el Gobierno quiere alcanzar un gran pacto, lo más amplio posible, contra la corrupción. La legislatura arrancó con la aprobación de la Ley de Transparencia, en marzo de 2012, que contó con el apoyo de PP, CiU y PNV, aunque no con el del PSOE. También se aprobó la ley orgánica para controlar la financiación de los partidos, obligando a notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones superiores a 50.000 euros. En la Ley del Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno aprobó en febrero se prohibieron las condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito a los partidos, que dejarían de ser legales. Un informe de 2007 de aquél organismo apuntaba que la deuda de los partidos ascendía a 227 millones de euros, algo que era posible porque los consejos de las cajas de ahorro estaban copados por las mismas formaciones deudoras. Por lo tanto, es fácil comprender lo sucedido con el uso fraudulento de las tarjetas de crédito de los consejeros de la antigua Caja Madrid y, sobre todo, la permisibilidad de esta práctica. La alarma social que ha provocado es justificada y obliga a tomar medidas efectivas y contundentes, pero, sobre todo, debe despejar las tentaciones demagógicas de un populismo que se ponga de ejemplo de virtud por encima de todos los políticos, al margen de su rectitud ética. Las reformas puestas en marchas por el Gobierno deben servir de base para desarrollar un verdadero pacto de Estado contra la corrupción, uno de los mayores retos que tienen planteado las instituciones democráticas.