Un proyecto de interés nacional

La decisión del nuevo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de ampliar la zona de protección ambiental de la laguna de Hita, en la provincia de Cuenca, no tiene otra motivación que la de impedir la construcción en el municipio de Villar de Cañas del previsto almacén de residuos nucleares, de acuerdo al compromiso electoral del PSOE manchego. Aunque no es la primera vez que se manipula la defensa de la naturaleza para cumplir un objetivo político o afianzar un simple prejuicio ideológico, en este caso nos hallamos ante un asunto de mucho mayor calado, por cuanto la factura que resulte de la eventual paralización de las obras no repercutirá exclusivamente sobre los fondos de la Junta, sino sobre el conjunto del erario público español, que tendrá que seguir abonando a la empresa francesa Areva –a la que ya se han pagado 194 millones de euros– los gastos de almacenaje de los residuos de la desmantelada central de Vandellós I, si éstos no vuelven a España antes de junio de 2017. Por no hablar del problema a medio plazo que representa el combustible nuclear gastado y que, hoy por hoy, se almacena en las piscinas de las centrales españolas, que se encuentran al límite de su capacidad. Son las servidumbres inevitables del uso de la energía atómica, a las que hay que hacer frente, con independencia de las posiciones ideológicas de cada cual, y así lo entendió el anterior Gobierno socialista cuando dio luz verde al proyecto del ATC (Almacenamiento Temporal Centralizado). Nos encontramos, pues, ante una decisión que afecta gravemente a los intereses nacionales, que busca réditos partidarios y que, por supuesto, como ya hemos señalado, no responde a una voluntad de defensa del medio ambiente. Tampoco, en este sentido, se debe caer en el inútil ejercicio de discutir sobre la idoneidad geológica del emplazamiento elegido, por cuanto se trata de una decisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear –que todavía no ha otorgado el permiso definitivo de obra– y de los ingenieros de la empresa estatal especializada en residuos radiactivos, Enresa, a quienes se supone debidamente capacitados para evaluar los riesgos y proponer las soluciones más adecuadas. A nadie se le pasa por la cabeza, y los ciudadanos lo saben, que los responsables de un proyecto de tales características no tengan como primera providencia garantizar la seguridad del complejo. Llegados a este punto, el Gobierno de la nación está obligado a procurar el interés general, para lo que dispone de los instrumentos legales adecuados que debe aplicar sin complejos ni vacilaciones. Frente a una maniobra puramente política como la que ha planteado Emiliano García-Page, sólo cabe oponer la racionalidad en el ejercicio de la administración pública.