Un voto por España y frente al separatismo

Nunca en las 14 ocasiones que los españoles hemos sido convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso y el Senado, como máxima expresión de la soberanía popular, se había enfrentado la Nación a una crisis existencial tan grave como la presente. Porque no está sólo en juego el color político del próximo Gobierno, que, con ser importante, no deja de ser coyuntural, sino la preservación del modelo de país surgido de la Transición, que, bajo la forma de Monarquía parlamentaria, ha cristalizado en una de las democracias más sólidas y plurales de occidente. Por supuesto, no tratamos de apelar gratuitamente a un supuesto voto del miedo, sobre el que se agita el espantajo de la catástrofe y se desdibuja hasta la caricatura la realidad política y social de España, sino de alertar a los ciudadanos de su responsabilidad como individuos libres e iguales para con la Nación, tal y como está concebida, con sus problemas y deficiencias, que no nos es dado ocultar, pero sobre los que deberían primar las virtudes y beneficios de nuestro régimen constitucional, que, hay que insistir en ello, ha proporcionado a los españoles el periodo de libertad y prosperidad más fecundo de su historia reciente. Frente a quienes, desde posiciones extremas, adobadas de un populismo que bebe de la tergiversación y las medias verdades, proponen un revisionismo acrítico, puramente voluntarista, de nuestro modelo político y territorial, no hay que levantar más banderas que las de la verdad, las que reconocen que el sistema autonómico, con todas las disfunciones que se quieran argüir, no es responsable por sí mismo de los ataques a la unidad de la Nación española, única e indivisible patria común de todos los españoles, y que el estado del bienestar sólo es viable desde un modelo económico libre, creador de riqueza e integrado en las nuevas corrientes de la libertad de mercado que caracterizan a las grandes democracias del mundo, donde se respeta el derecho a la propiedad privada y el Estado no hace responsable subsidiario a sus ciudadanos de las carencias sociales. Sí, frente a la demagogia y a la manipulación sentimental de las inevitables injusticias y desigualdades por los vendedores de soluciones mágicas de la izquierda, siempre fracasadas, y frente a quienes, desde nuestras propias instituciones soberanas, pretenden dividir nuestra Nación, los españoles necesitamos un Gobierno fuerte, que asegure la estabilidad y el crecimiento económico, y que garantice la primacía de la Ley y el respeto al ordenamiento constitucional por parte de los partidos separatistas, como exigencia previa e indeclinable a cualquier vía de diálogo. Las encuestas, sin embargo, pronostican una futura aritmética parlamentaria que daría al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una exigua mayoría, dejándole en manos de sus actuales socios de la moción de censura, cuyos programas, especialmente los de las formaciones nacionalistas, pero no sólo, responden a unos intereses que no son, precisamente, los del conjunto de España. La perspectiva de un Ejecutivo socialista condicionado por los votos de la extrema izquierda de Podemos, saturada de colesterol ideológico, de desastrosos efectos en los laboratorios del «socialismo bolivariano del siglo XXI», y necesitado de los apoyos de proetarras y separatistas, que no sólo insisten en su ruta secesionista, sino que pretenden forzar el indulto de los líderes golpistas hoy juzgados por el Tribunal Supremo, nos llenan de aprensión y nos obligan a apelar a un sufragio responsable, que huya de extremismos y provea a la sociedad española de la estabilidad política y económica que precisa para seguir la senda del progreso. En este sentido, la división del voto de centro derecha entre tres formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos y VOX supone un problema mayor, puesto que dejaría fuera de juego a una mayoría social, que está inequívocamente con la defensa de la unidad de España y que reclama de los poderes públicos medidas de carácter económico sensatas, ya probadas y, sobre todo, que no vuelvan a hipotecar el futuro inmediato desde la irresponsabilidad fiscal y la barra libre de gasto. No vamos a caer en el fácil expediente de considerar intercambiables a los votantes de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, pero sí es cierto que, ante los graves desafíos que se abren a España, muchas de las diferencias se convierten en irrelevantes y, a la postre, sólo servirán para dificultar el imprescindible cambio de rumbo que necesita nuestro país. Creemos que el Partido Popular y su líder Pablo Casado, pueden aportar desde el Gobierno estabilidad política y económica a la vida pública española, desde el rigor, pero, también, desde la moderación de unas posiciones ideológicas enmarcadas en la tradición liberal de los grandes partidos conservadores europeos. Pero, en cualquier caso, toca a los españoles decidir en conciencia quiénes creen que representan mejor sus intereses y los del conjunto de la Nación.