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Una marioneta para la confrontación

Tiempo de lectura 4 min.

11 de mayo de 2018. 03:35h

Comentada
11/5/2018

La designación del diputado autonómico Quim Torra como candidato a la investidura de la Generalitat de Cataluña, decisión personalísima del ex president huido de la Justicia española, Carles Puigdemont, supone una pésima noticia para la futura estabilidad política e institucional del Principado y, por poco que nos equivoquemos, su elección demuestra la voluntad del separatismo catalán de mantener la confrontación con el Estado. El personaje, que ocupaba el puesto número 11 en la lista de Junts per Catalunya en los últimos comicios, nos lleva a las peores muestras del fanatismo y radicalidad del independentismo, rayanas en la obsesión xenófoba, que, desafortunadamente, han provocado la dolorosa fractura social en la propia región. Suyas son expresiones del jaez como «los españoles sólo saben expoliar», «vergüenza es una palabra que hace años que los españoles han eliminado de su vocabulario» o «lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia», que nutrían su cuenta de twitter y que, ahora, ha borrado apresuradamente. Con todo, lo peor no es la falta de respeto hacia quienes no comparten su visión de las cosas que son, por cierto, más de la mitad de los ciudadanos catalanes a quienes pretende gobernar, sino el triste papel político de subordinación a Puigdemont que sin duda está llamado a jugar. El propio comunicado del expresidente Puigdemont, en el que hacía oficial el nombre de su sucesor, deja pocas dudas al respecto de lo que está por llegar, puesto que habla a las claras de una solución provisional, que sólo puede ocultar la intención filibustera de poner fin a la legislatura cuando convenga a los intereses personales del dirigente fugado, siempre condicionados, no hay que olvidarlo por su negro horizonte penal. A menos que Quim Torra, en un arranque de lealtad democrática al conjunto de la población de Cataluña, ponga por delante su deber de servicio a los intereses generales y su obligación institucional a cumplir y hacer cumplir la Ley, nos aguardan largos meses de incertidumbre y tensión. Porque lo cierto es que Puigdemont pretende, como quien maneja un títere, mantener la ficción de un gobierno en el exilio que, además, y es lo esperpéntico, rija los destinos de Cataluña. Supone, también, un portazo y un desprecio a las ofertas de diálogo y colaboración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteradas ayer mismo, que eran la salida lógica y deseable a una encrucijada imposible. Cabía esperar que Puigdemont, que trata de impedir por todos los medios a su alcance que el Principado vuelva a la normalidad, designara este perfil ideológico y psicológico que le garantiza mantener su actual influencia en el control de la instituciones. Pero, por otro lado, lo sucedido en Cataluña demuestra que ha regresado a la región el estado de Derecho y el respeto al orden constitucional. La obediencia a la Ley no es optativa y el nuevo presidente de la Generalitat está emplazado a cumplirla. Las astucias, fraudes de Ley y añagazas de trileros cada vez tienen menos recorrido en el juego político. No podemos ser optimistas con el futuro de Cataluña en los próximos meses, aunque nos gustaría equivocarnos y comprobar que el futuro presidente se independiza de la mano que hoy mueve sus hilos. La comunidad necesita estabilidad y eso pasa por la reanudación de la interlocución normal con el Gobierno de la nación y el resto de las instituciones. Hay múltiples desafíos pendientes, como la nueva arquitectura financiera de las autonomías, que exigen compromiso y un mínimo de lealtad. Pero, en cualquier caso, el Estado seguirá velando por los derechos y los intereses del conjunto de los catalanes. De eso sí que tenemos razones para estar seguros.

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