Una política con valores

El Papa Francisco alertó en un discurso a la Asociación de Médicos Católicos italianos de la «falsa compasión» que motiva a muchas personas a ayudar a abortar a una mujer, creyendo que con este gesto «humanitario» se quiere cumplir un «derecho», cuando en realidad se está vulnerando un principio fundamental. Este tipo de comportamiento va más allá de lo anecdótico y se corresponde, en expresión del propio Bergoglio, con un «pensamiento dominante» que ha instalado una idea perversa: que la interrupción del embarazo no supone ninguna responsabilidad sobre el ser engendrado porque ni siquiera es vida, olvidando que el derecho a la vida no está subordinado a ninguna ideología. El Papa ha recordado que el aborto no es un problema ni religioso ni filosófico, sino científico porque afecta a lo esencial de la creación, aunque la izquierda proabortista considere que se trata de una conquista progresista, cuando en realidad estamos ante una prueba más de la deshumanización de determinados comportamientos sociales. Por lo tanto, el tema del aborto no es una cuestión cualquiera en los programas de los partidos políticos, sino que define mucho más sobre sus principios y valores que grandes ideas aunque imposibles de llevar a cabo. Desde este punto de vista, es aún más incomprensible que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de reformar la Ley del Aborto o –para entender la filosofía que la inspiraba– Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada. El Partido Popular ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta y entre sus propuestas figuraba una que le diferenciaba del resto de programas sobre una cuestión que afecta al derecho a la vida del nasciturus. Es lógico pensar que muchos de sus votantes lo hicieron para que se llevara a cabo este compromiso. Alberto Ruiz-Gallardón presentó su dimisión el pasado 23 de septiembre al no tener los apoyos necesarios para sacar adelante un proyecto que, como principio, buscaba restituir la ley de supuestos en contra de la de plazos que promulgó en 2010 el último Gobierno socialista y que el propio PP recurrió hace cuatro años ante el Tribunal Constitucional y que, por cierto, todavía no ha dictado sentencia. Recibió el aval del Comité de Bioética de España y el del Consejo General del Poder Judicial y hubo un intenso debate sobre una cuestión que se quería enterrada por una banalización de los principios morales que deben guiar a la política. Desde estas páginas hemos defendido la aprobación de la ley y criticamos que el Gobierno no haya cumplido con su electorado en este capítulo porque creemos que, en un momento en el que el descrédito de la vida pública está sirviendo de argumento para los agoreros que quieren enterrar al «sistema», es necesario recuperar el compromiso del político ante sus votantes.