Una respuesta de Estado

Artur Mas se ha embarcado en un proceso secesionista que empieza a mostrar claros síntomas de estar fuera de la realidad política de las naciones europeas. Con él ha arrastrado no sólo a su partido, CiU, que puede perder el gobierno, sino a la institución que representa, la Generalitat, puesta al servicio de un proyecto político que la mayoría de los ciudadanos no quieren. Y, además, ha arrastrado a los catalanes en su conjunto, que asisten entre perplejos e incrédulos, unos, o no queriendo ver, otros, la realidad de los hechos: que ese proceso de independencia no se podrá llevar a cabo, legalmente por lo menos, aunque Mas invierta todo su tiempo y capital en él. Tocar con los pies en el suelo e insistir en la legalidad no son meros recursos tácticos, sino la única manera que un Estado de Derecho tiene para mantener su unidad y decir a sus ciudadanos que no se pueden esconder las consecuencias económicas, políticas y sociales de romper España unilateralmente. Con la Ley en la mano, Mariano Rajoy respondió ayer al último paso dado por los nacionalistas al aprobar en el Parlament la solicitud al Congreso de poder realizar un referéndum, y fue claro. Ante el «conjunto de toma de decisiones unilaterales» se hace «imposible» cualquier diálogo. Rajoy nunca ha negado la negociación si ésta se mantenía dentro del marco constitucional y en los márgenes del pragmatismo de dar soluciones reales a los problemas reales. Con un plan secesionista trazado es imposible sentarse en una mesa. Desde que Mas llegara al Gobierno en diciembre de 2010, gracias a la alianza con ERC, ha puesto en marcha innumerables medidas encaminadas a lo que el nacionalismo llama crear «estructuras de Estado», de manera que ha acabado tejiendo un entramado de iniciativas legales (aprobar el «derecho a decidir») o políticas (crear una diplomacia propia con vistas a «internacionalizar el conflicto») que no tendrán ninguna viabilidad, pero que sí mantienen la tensión. Rajoy volvió a recordar algo que Mas sabe, y es que «la soberanía radica en el conjunto del pueblo español». No es un principio ideológico que se acepta o no dependiendo de cada partido político, sino un mandato constitucional, base de la democracia, que el presidente del Gobierno está obligado a defender. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, también incidió en este aspecto para negar la posibilidad de un referéndum soberanista y, de nuevo, Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, recordó que Cataluña estaría fuera de la UE si se separase de España. Artur Mas sabe que es así, pero prefiere no decir la verdad y no volver a la política realista de dar soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos. Y sabe, por último, que el referéndum que ha aprobado el Parlament no se podrá realizar, pero insiste en mantener esta falacia porque su tiempo político se está agotando.