Una votación inútil

Ante el espectáculo de las urnas de cartón sucedido ayer en Cataluña, la principal conclusión a extraer es que la Generalitat –con la directa implicación de su vicepresidenta, Joana Ortega, y la admisión pública de responsabilidad por parte del propio presidente, Artur Mas– ha culminado un acto claramente anticonstitucional, desobedeciendo palmariamente las resoluciones de los más altos tribunales del Estado y, por si fuera poco, obstruyendo la vía a cualquier proceso de diálogo institucional. Tendrá que ser la Justicia quien repare el bien jurídico atropellado, como ya ocurriera con el expresidente del Parlamento autónomo vasco, Juan María Atutxa, en otro caso de flagrante desobediencia por parte de un representante público, por más que la Fiscalía General del Estado actuara ayer de manera timorata, impropia de la trascendencia jurídica de lo que estaba sucediendo en Cataluña. Porque lo más grave, lo que más ha podido contrariar a la mayoría de los ciudadanos, no es el hecho en sí de que se hayan desplegado las urnas en una acción absolutamente partidista del soberanismo catalanista, sino la desahogada actitud de los representantes de una institución del Estado, como es la Generalitat, tratando de blanquear–impostando los usos y costumbres que informan los impecables procesos electorales del sistema democrático español– un sucedáneo de consulta sin las menores garantías de equidad y veracidad. Incluso el juez de Barcelona que ayer rechazó retirar las urnas cree que el Gobierno catalán puede haber incurrido en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, cuyo esclarecimiento ya corre a cargo de la instancia judicial correspondiente, puesto que han sido admitidas a trámite las primeras denuncias. Pero, también, desde el punto de vista del simple ejercicio político, causa perplejidad observar a un alto cargo público informando de unos datos de participación que, por fuerza, no ha podido verificar, dado que el rudimentario sistema, que debía impedir que una persona vote varias veces, sólo funciona a posteriori del recuento de papeletas. Pero no se trataba tanto de llevar a cabo una acción política positiva –aunque imposible en el actual marco constitucional–, como de evidenciar la culminación del desafío al orden legal vigente, del que, paradójicamente, proviene la legitimidad de la propia Generalitat. Y todo ello, para concluir lo que ya era sabido: que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña se mantienen ajenos al proceso separatista, pese a verse sometidos desde hace dos años a una de las campañas de propaganda ideológica, rayana en la ingeniería social, más persistente, extendida y sectaria de las que hay memoria en la reciente historia de Occidente. Una campaña llevada a cabo, además, con los medios de las instituciones catalanas, mediatizadas desde la presidencia del Gobierno autónomo, que indiferente al déficit que lastra el desarrollo y el progreso de la sociedad a la que está obligado a servir, no ha escatimado el dinero público que generan todos los ciudadanos y entidades con sus impuestos –sean de convicciones separatistas o no– para engrasar esa máquina omnipresente en que se ha convertido el proceso independentista catalán. Porque incluso dando por buenos los datos de participación y recuento que han facilitado los organizadores de la consulta, de cuya falta de neutralidad no le cabe duda a nadie, nos hallamos ante los mismos niveles de indiferencia ciudadana de otras convocatorias de carácter esencialista. Ni siquiera –salvando a simple efecto dialéctico todas las distancias debidas a los dos procedimientos– se acercan a los magros índices de participación del referéndum estatutario de 2006, donde sólo votó la mitad del censo –el 49 por ciento–, y eso sin tener en cuenta la distorsión porcentual que supone la inclusión de votantes de 16 y 17 años, y de los residentes extranjeros, y el amplio despliegue de medios de transporte a cargo de los fondos públicos. En definitiva, la jornada de ayer en Cataluña ha sido un ejercicio inútil, voluntarista si se quiere, pero que, más pronto que tarde, se revelará ante los ojos de los ciudadanos como la farsa que es. Toca ahora, sin embargo, encarar el futuro. No será fácil, porque la actitud de los principales representantes de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, dificulta extraordinariamente cualquier iniciativa política, una vez que los hechos han comenzado su, parece que inevitable, recorrido judicial, y pese a la reiterada disposición negociadora del Gobierno, que ayer mantuvo una postura de serenidad y moderación ante la provocación. Pero hay que intentar por todos los medios recuperar el diálogo institucional y tratar de recomponer una situación de quiebra moral de una parte de la sociedad catalana que, mañana mismo, vivirá un proceso de frustración al que ha sido abocado por la inexplicable actitud del presidente Mas, atrapado en un error de cálculo electoral del que no ha sabido cómo salir. Nada, sin embargo, que no se pueda acometer desde la sensatez, la generosidad y los afectos comunes.