Unidad frente al separatismo

La reunión que mantuvieron ayer en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, supone un paso fundamental para frenar el desafío planteado por el secesionismo catalán. En los grandes momentos en que la democracia en España ha sido atacada –y tenemos fechas especialmente simbólicas–, la unidad de las fuerzas democrática ha sido clave para imponer la legalidad. Ése es el reto planteado ahora en Cataluña: que la Constitución siga siendo vigente, en contra de los planes de los independentistas que quieren declarar, en un plazo de diez meses, que la Carta Magna deje de tener validez en Cataluña. Tuvieron, además, el atrevimiento retórico de aconsejar al poder Ejecutivo que no recurra dicha proclamación porque no acatarán las leyes «españolas». Todos confiamos en que ese momento no llegue porque las leyes lo deben impedir antes y ningún Gobierno de España lo aceptaría. De ahí la importancia del encuentro de ayer entre Rajoy y Sánchez para acordar medidas conjuntas y «trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, la unidad nacional y de la igualdad de todos los españoles». Los independentistas han mostrado todas sus cartas, que consiste en romper la unidad territorial de España, sin ocultar que para conseguirlo aplicarán una vía que podemos definir claramente como insurgente. En este sentido, es exigible a los líderes políticos que no confundan el diálogo –que Rajoy nunca rechazó– con la cesión de competencias en función de los llamados «hechos diferenciales» o una reforma constitucional que contente a los independentistas, porque, a estas alturas, ya no abandonarán el terreno conquistado en las instituciones. El PSOE de Pedro Sánchez se ha aferrado a la reforma de la Constitución como su gran baza para encauzar casi todos los problemas de España, especialmente el desafío separatista en Cataluña. La propuesta que realizó ayer fue de una inconcreción preocupante, porque de poco sirve proponer una reforma que reconoce singularidades territoriales y a la vez garantice la unidad de España desde el federalismo, pero que rehúye aclarar cómo llevarlo a la práctica. La iniciativa nos suena a conocida, a debate superado, como pedir que se considere la diversidad de los territorios, que no se discrimine a las lenguas del Estado o que se clarifiquen las competencias de las comunidades, todas ellas preservadas por la propia Constitución y los estatutos de autonomía. Es la hora de las políticas de Estado, en las que prevalezcan la defensa de los intereses generales de la nación y se evite que una exigua mayoría parlamentaria, que no alcanza el 50%, imponga la separación de Cataluña del resto de España. La política catalana ha impuesto el perverso argumento de que los socialistas en el Gobierno podrían alcanzar un acuerdo con los independentistas, idea que ha seducido a la izquierda más frívola e ingenua para sumarse alegremente al soberanismo. Rajoy siempre estuvo dispuesto a hablar cuando existía un lenguaje común y el respeto a la legalidad, pero el nacionalismo en estos momentos sólo usa la gramática de la provocación. La gravedad de la situación es aún mayor, porque Mas ya no controla una situación que está en manos de la extrema izquierda representada por la CUP, un grupo antisistema que busca abiertamente el enfrentamiento. En manos del todavía presidente en funciones de la Generalitat sólo está la posibilidad de renunciar a la reelección. Si la intención de Mas al buscar como aliados a la CUP es hacerse con los votos de ésta para optar de nuevo a la presidencia, es de una irresponsabilidad de la que en algún momento deberá dar cuentas, porque ha conducido a Cataluña a un callejón sin salida. En estos momentos, toda solución pasa por la defensa de la Constitución.