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Uso político del icono de Franco

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22 de agosto de 2018. 05:48h

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21/8/2018

Probablemente, un amplio sector de la opinión pública española no entenderá qué motivos puede aducir el actual Gobierno socialista para recurrir a una medida legislativa excepcional, como puede ser la aprobación de una norma de supuesto único, para proceder a la exhumación del cadáver de Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos. En efecto, ni estamos ante una situación de emergencia nacional ni parece que, cuarenta y tres años después de la muerte del dictador, se puedan invocar razones de urgencia, más allá de la peculiar situación política del propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ciertamente, el recurso a un decreto que modifique a conveniencia la Ley de Memoria Histórica, tiene la virtud de soslayar la previsible oposición de la familia, que no podría iniciar una acción jurisdiccional hasta que se llevara a cabo el acto administrativo en sí, pero no blinda a los representantes públicos de ulteriores responsabilidades judiciales si, como es previsible, los afectados, a quienes protegen las leyes vigentes, denuncian un delito de profanación de sepulturas, previsto en el artículo 526 del Código Penal. Por otra parte, tampoco parece muy claro qué fórmula adoptará el decreto ley en el caso, nada improbable, de que la Iglesia no llegue a un acuerdo con la familia de Franco para autorizar una intervención oficial en un lugar de culto, cuya titularidad y libertad de gestión está amparada por un tratado internacional, como son los acuerdos entra el Vaticano y el Estado español de 1978. Se trata de un aspecto importante del asunto porque, al contrario de las manifestaciones hechas por los portavoces oficiosos del Gobierno, las fuentes del arzobispado madrileño consultadas por LA RAZÓN afirman que no se ha llegado a acuerdo alguno con representantes gubernamentales y que lo habitual en estos casos es respetar los deseos de los deudos. De cualquier forma, y dado que no es factible que la familia del dictador pueda conseguir una medida cautelar, ya que no estaríamos ante un acto irreversible, lo más probable es que el presidente del Gobierno vea cumplido su objetivo político, por más que las virtudes del mismo se nos escapen, como a la mayoría de los ciudadanos, y aunque sea por la vía poco adecuada de la ingeniería legal y de las leyes especiales, que no suelen ser propias de las democracias. Por otra parte, la exhumación del cadáver de Francisco Franco, presentada como el gran proyecto de legislatura, podrá satisfacer a quienes pretenden hacer de esta especie de antifranquismo sobrevenido una estrategia política contra la derecha española, a la que consideran, desde su estulticia, manchada por un pecado original, pero no tendrá más consecuencias prácticas que las portadas coyunturales de la Prensa internacional, el malestar, si cabe, de los cada vez más escasos nostálgicos del régimen franquista y la mirada irónica de una mayoría social que ha crecido en democracia, vive las dificultades del presente y considera que sus representantes políticos harían mejor en dejar de remover cadáveres y preocuparse por mejorar el futuro de todos. Sin embargo, la sociedad española está muy por encima de las obsesiones guerracivilistas de una izquierda cada vez más radical, que pretende obviar sus propias responsabilidades en aquella gran tragedia civil y que, consecuencia de los nuevos tiempos que vive el mundo, carece de alternativas válidas para afrontar los desafíos del presente y del más inmediato futuro. Y una consideración final: si Pedro Sánchez cree que con este tipo de guiños puede conservar los apoyos parlamentarios de la extrema izquierda y de los separatistas catalanes, se equivoca. La piedra de toque sigue estando en la elaboración de los Presupuestos del Estado.

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