Una huelga contra la Justicia española

Los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Turull, que se encuentran en prisión preventiva por su participación en la intentona anticonstitucional en Cataluña, han comenzado ayer una huelga de hambre indefinida, con la excusa de que pretenden presionar al Tribunal Constitucional para que resuelva sus recursos y, así, poder acceder a la justicia europea. En primer lugar, sería deseable una mayor celeridad en nuestros tribunales, pero deberían saber los dos políticos catalanes, procesados por rebelión, que el retraso que sufren no es inhabitual, por lo que nos hallamos, una vez más, ante una exigencia de privilegios, que, además, forma parte de su táctica de defensa de deslegitimar las actuaciones de los jueces y magistrados españoles.

En segundo lugar, la acción de los líderes separatistas tiene un evidente trasfondo propagandístico ante la proximidad de la vista oral de su causa, prevista para principios de año. Por último, tratan de reanimar la alicaída campaña de los lazos amarillos y provocar la atención mediática. Con todo, se trata de una decisión que, de mantenerse hasta sus últimas consecuencias, va a exigir de las instituciones la mayor firmeza, y de los ciudadanos, confianza en los tribunales.