Una huelga política, forzada desde el poder

No debería la opinión pública dejarse sorprender por la habitual coreografía independentista, inexplicablemente reforzada por una televisión pública que se ha limitado a retransmitir marchas y concentraciones de manera acrítica y obviando la realidad de la Cataluña que trataba de desarrollar su vida normal en medio de los cortes de tráfico, las interrupciones de los servicios y el cierre de las instituciones. Porque la llamada «huelga de país» no ha sido más que el resultado de la presión de los movimientos separatistas, con el respaldo de las instituciones autonómicas y universitarias, combinada con la pasividad del Gobierno de la nación, que, al parecer, es incapaz de garantizar derechos básicos de la ciudadanía como es la libertad de circulación. La imperceptible reducción de la demanda de electricidad, la normal actividad en la mayoría de los polígonos industriales y el hecho de que el comercio fuera cerrando a medida que se aproximaban los piquetes, de cuyos métodos expeditivos hemos tenido sobrada muestra, sitúan el escaso alcance del paro entre el común de los catalanes. Parece que sólo la Justicia está cumpliendo con su obligación, con la Audiencia Nacional actuando contra la red de coordinación de las protestas.