Elecciones generales, mal menor

Después del intento fallido de Feijóo, Sánchez ha conseguido que el jefe del Estado le encargue formar gobierno a pesar de que solo cuenta a día de hoy con el apoyo del grupo parlamentario socialista.

Si algo ha quedado demostrado, es que el líder socialista nunca se mueve un milímetro de su hoja de ruta, ensordece ante cualquier crítica y no cesa hasta conseguir lo que quiere.

La diferencia con el resto de presidentes socialistas es que, Sánchez no es un hombre de gobierno, sino de poder. Solo le interesa poseerlo, por eso, puede cambiar de opinión sin inmutarse y usar las instituciones según sus intereses.

El intento de control del poder judicial, del INE, las controversias en RTVE, el uso partidista del CIS, hay que leerlos desde esa óptica.

Puigdemont ha sabido identificar perfectamente ese talón de Aquiles y ha secuestrado el proceso de investidura desde Waterloo. Allí se marcan los tiempos y los ejes del acuerdo, en tanto que el PSOE, se esfuerza en dar normalidad a lo que es absolutamente extraordinario e inaceptable.

Aprobar una ley de amnistía ad hoc para el independentismo insurrecto es una línea roja que el Estado no puede aceptar. Por otra parte, es la primera de las condiciones imprescindibles que exigen Junts y ERC que, por cierto, ya dan por zanjado ese primer tramo de la negociación.

La aprobación de un acuerdo que contemple la amnistía no es una cuestión solo de los militantes socialistas, hoy menos de la mitad, en número, que hace diez años. El problema es que Sánchez comprometió con los españoles en la campaña electoral de hace un par de meses, que nunca aceptaría tal propuesta del independentismo.

Si Sánchez hubiese sido sincero el 23 J, los resultados hubieran sido los mismos u otros diferentes, pero los españoles habrían votado sabedores del uso que tendría su elección. No es un cambio de opinión menor, lo que se está discutiendo es el modelo constitucional de 1978 y eso excede el mandato representativo.

Por eso, no puede depender solo de los 150.000 afiliados socialistas que, por otra parte, tienen todo el derecho a participar y fiscalizar las decisiones de la dirección del partido, como se hizo en el último congreso en el que se rechazó la amnistía.

Lo honesto, en este momento, es convocar elecciones en enero y que la sociedad española le dé a Sánchez luz verde para cambiar nuestro modelo constitucional o, por el contrario, le ponga el semáforo en rojo.